Por primera vez Colombia será sede de un congreso minero en donde se debatirá sobre una actividad poco mencionada: el cierre minero, que es la última fase de todo proyecto legal y que, además, difiere de los pasivos ambientales que deja la extracción ilegal de minerales.
El ‘Primer Congreso Internacional de Gestión de Cierre Minero y Pasivos Ambientales’ se realizará en el hotel Sheraton de Bogotá los días 21, 22 y 23 de mayo del presente año.
El evento contará con expertos de Polonia, España, Chile, Australia, Estados Unidos y Reino Unido, quienes compartirán su conocimiento y experiencia con las empresas que hoy operan en Colombia, con la asistencia de académicos, legisladores y agentes del gobierno, en una discusión que busca sentar las primeras bases para trazar la hoja de ruta del cierre minero y sus distintas dimensiones.
Por otra parte, guiar el adecuado manejo al momento de concluir la explotación de las minas en los próximos 30 años en el país. Además, vigilar la extracción ilegal y el legado de pobreza, violencia y pasivos ambientales que está dejando.
“El evento se da en un momento particular, con la perspectiva de que el país cierre la puerta a nuevos proyectos mineros, mientras avanza el desarrollo y maduración de cientos de proyectos vigentes en manos de empresas legales que operan en el país, que cumplen y que han estado y están comprometidas con los territorios y sus comunidades. Ha llegado el momento de hablar sobre cómo se darán esos cierres, cómo se van a recuperar las áreas, y cuál será su futuro post-minero, sobre todo si el país quiere avanzar en materia de transición energética. El país necesita hacer estas reflexiones”, explicó Giovanni Franco, directivo del Congreso Internacional de Gestión de Cierre Minero.
Extracción ilegal de minerales
A diferencia de las empresas legales que se rigen bajo las condiciones contractuales de sus concesiones mineras, y que operan bajo una visión sustentable para la explotación de los recursos, en Colombia se registra una creciente expansión de la ilegalidad, sin normas ni regulación alguna, y con un resultado que deja miles de hectáreas degradadas y deforestadas, los pasivos ambientales inherentes a la ilegalidad.
“Estas tragedias ambientales y también sociales avanzan dramáticamente, y vemos que en la opinión se suele confundir minería dentro del marco de la ley, con la extracción ilegal que solo deja devastación”, resaltó Franco.
Adicional, reveló que, por ejemplo, el 70 % del oro producido en el país es ilegal. “Hay estimativos que dan cuenta, solo en la modalidad de oro de aluvión, de al menos 69.123 hectáreas; esto es un área casi trece veces el tamaño de San Andrés o casi la ciudad de Nueva York”.
