Este miércoles, desde el Congreso, se definirá si Colombia irá o no a una consulta popular, y ya se tiene un panorama claro del ambiente político que enfrenta el Gobierno, tras un debate que se extendió por más de cuatro horas.
La discusión sobre la propuesta de consulta popular para revivir la reforma laboral comenzó con la intervención del ministro del Interior, Armando Benedetti.
Durante 20 minutos en el atril, el funcionario hizo un llamado enfático a los congresistas para que voten por el “sí” y apeló directamente a la bancada liberal para respaldar los derechos laborales.
«Desde 2002 hasta hoy, he revisado cuántas veces se ha intentado recuperar los derechos laborales perdidos, y siempre han sido los parlamentarios liberales quienes han liderado ese esfuerzo. No se logró porque las mayorías no se encontraban en el Congreso», afirmó Benedetti.
Además, recordó que Rafael Uribe Uribe, asesinado en las escalinatas del Capitolio, llevaba bajo el brazo una reforma laboral, destacando que “los liberales deberían ser los primeros en acoger los derechos fundamentales del trabajo”.
El segundo en intervenir fue el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien criticó con dureza el proceso legislativo: señaló que pasaron nueve semanas antes de que el Senado decidiera votar la apelación a la reforma laboral que se había hundido.
Ahora que la iniciativa gana fuerza de nuevo, consideró que revivirla a través de esa apelación es un acto “perverso” y advirtió que correría el riesgo de recibir “un segundo entierro”.
Según Sanguino, las 12 preguntas que plantea la consulta popular representan el “alma y la columna vertebral” de la reforma laboral original, la cual fue archivada en la Comisión Séptima del Senado.
El fantasma de la apelación
Y es que el Partido de la U llegó a un acuerdo para votar a favor de la apelación, lo que abriría la puerta a que el proyecto de reforma vuelva a tramitarse en el Congreso. Esta opción se perfila como una alternativa, pero el Gobierno advierte que no hay tiempo suficiente para un nuevo debate legislativo. El plazo máximo para aprobar la reforma es el 20 de junio, y, según Benedetti, “cinco semanas no son suficientes”.
El representante Fabián Díaz, de la Alianza Verde, rechazó tajantemente el uso de la apelación como argumento para archivar la consulta popular: “No nos vamos a prestar para sus jueguitos si eso significa hundir los derechos de los trabajadores. Preferimos retirarla”.
Díaz fue precisamente quien presentó la apelación para rescatar el texto original del Ministerio de Trabajo, pero ahora su acción podría ser utilizada para justificar el archivo de la consulta. Varias bancadas, entre ellas el Partido de la U, ya han anunciado que votarán a favor de dicha apelación.
Los argumentos del ‘No’ para la consulta popular
Algunos sectores ven en la consulta popular una maniobra política de cara a las elecciones presidenciales y legislativas. También han surgido cuestionamientos sobre el alto costo que tendría este mecanismo de participación, en medio de un déficit fiscal.
Por su parte, la senadora Angélica Lozano sostuvo que lo más adecuado sería aprobar la apelación y tramitar la reforma directamente en el Congreso. Según sus cálculos, el texto podría convertirse en ley el 1 de julio, dado que aún hay 38 días para adelantar los dos debates requeridos: uno en comisión y otro en plenaria. “Hay leyes que se han aprobado en menos tiempo. ¿O es que no importa la reforma laboral y lo que quieren es hacer campaña con recursos del Estado?”, cuestionó.
Así se percibió el ambiente dentro del Congreso
El debate se prolongó por más de tres horas. El primer partido de oposición en tomar la palabra fue Cambio Radical, que anunció su voto negativo.
Argumentaron que el alto costo de la consulta y la dificultad de alcanzar el umbral de participación—más de 13 millones de votos—justifican su rechazo.
El senador Antonio Zabarain fue más allá y aseguró que renunciaría a su curul si la consulta supera el umbral: “Eso me haría darme cuenta de que estaba equivocado y que no estoy en sintonía con la clase trabajadora”.
Ante las críticas, el presidente Gustavo Petro respondió a través de su cuenta en X (antes Twitter): “Vale la pena el reto”.
Posteriormente los demás partidos inscritos tomaron la palabra. La presidenta del Partido Conservador Nadia Blel recordó como la colectividad participó y legisló en la aprobación de varias iniciativas que benefician a la clase trabajadora colombiana. “Es por eso por lo que desde el Partido Conservador consideramos que esta propuesta es improcedente. La constitución es clara…esta consulta no está para suplantar el Congreso, sino para que el pueblo participe coadyuvando al Gobierno en sus funciones de administrar, no de legislar”.
En lo que concierne a la bancada independiente, desde el Partido En Marcha, el senador Guido Echeverri Piedrahita manifestó que es necesario que la plenaria del Senado vote todas las posibilidades del proyecto de reforma que aún están sobre la mesa y que no se ha concluido su paradero.
“Este proyecto no está hundido. Es posible que la plenaria apruebe la apelación y en tal sentido la mesa directiva decida a qué comisión irá el proyecto. El Congreso debe estudiar cada una de las consideraciones y tomar una decisión concluyente ¿El Gobierno quiere consulta o el Gobierno quiere Ley? Pensaría que quiere ley porque es mucho más expedido e invita al diálogo”, cuestionó.
Finalmente, si bien en el interior del Partido de La U las votaciones están divididas, el senador Alfredo Deluque puntualizó que como legislador votará negativo.
“El pueblo que eligió al presidente también eligió al Congreso. La consulta es un trámite incensario con fines de campaña presidencial y que además será financiada con dineros del futuro porque en el momento el Estado no cuenta con tales recursos. Lo realmente preocupante es que, si el pueblo colombiano dice sí a la consulta, esa reforma vuelve al Congreso en forma de proyecto de ley en un tiempo de 6 o 7 meses, desconociendo que existen otras situaciones más rápidas que invitan al diálogo entre partes y partes. El dinero de la consulta sería un mal gasto”, argumentó.
En el mismo sentido se pronunció la senadora Isabel Zuleta, por la bancada del Pacto Histórico, al reafirmar su apoyo a la consulta promovida por el Gobierno Nacional. “Si bien en departamentos como Antioquia promueven referendos para fortalecer, por ejemplo, la autonomía regional, el ´Gobierno del Cambio’ hace lo mismo al preguntarle a la ciudadanía por su futuro. “Decirle no a la consulta popular es no confiar en el constituyente primario, es no confiar en el pueblo que lo eligió”, indicó.
La votación sobre la consulta popular comenzará este miércoles 14 de mayo. Si es aprobada, el Senado tendrá un mes para emitir un concepto favorable, y la consulta deberá realizarse dentro de los tres meses siguientes a esa fecha o al vencimiento del plazo legal. Para que sea vinculante, deberá participar al menos un tercio del censo electoral, y cada pregunta necesitará la aprobación de la mitad más uno de los votantes.
—
