La nueva ponencia que se radicó en la Corte Constitucional sobre la reforma pensional pediría hundir por completo esta ley, debido a los vicios de trámite que se habrían presentado durante su aprobación en el Congreso.
Según W Radio, el proyecto de fallo del magistrado Jorge Enrique Ibáñez propone declarar la nulidad total de la iniciativa por vicios que se considerarían “insubsanables”.
El ponente habría reafirmado su posición sobre que las irregularidades identificadas deben llevar a declarar la inexequibilidad total de la norma, sin ningún tipo de diferimiento en los efectos de la decisión.
Es decir, no se plantearía que el proyecto sea devuelto al Congreso para corregir los errores, ni que se dé tiempo para presentar una nueva iniciativa.
La pensional y el impacto de su caída
No solo las demandas presentadas ante la Corte Constitucional por presunta inconstitucionalidad del texto de la reforma pensional han puesto en entredicho su validez. Semanas atrás, surgió una nueva controversia que aumentó las dudas sobre su legalidad: la captura del expresidente del Senado, Iván Name, y del expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle.
Ambos excongresistas son señalados de haber recibido pagos a cambio de impulsar proyectos del Gobierno nacional, entre ellos, la reforma pensional, la única de las reformas sociales que logró ser aprobada en el Congreso. Según las investigaciones, los recursos que habrían recibido provendrían del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
En este contexto, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez solicitó a la Fiscalía de la Corte Suprema copias de varios testimonios relacionados con esta investigación, con el fin de tener mayores elementos de juicio sobre el proceso legislativo que dio origen a la reforma.
Más allá de las dudas sobre su legalidad, los efectos de una posible caída del articulado ya se sentirían, ya que faltan solo semanas para su entrada en vigor el 1 de julio del 2025.
El gobierno del presidente Gustavo Petro ha expedido varios decretos reglamentarios para implementar la reforma, incluso antes de que la Corte Constitucional se pronuncie definitivamente. Uno de los cambios más relevantes es la creación del modelo en el cual las ACCAI (Administradoras del Componente Complementario de Ahorro Individual) —es decir, los fondos privados—de los trabajadores que devenguen más de 2,3 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMMLV).
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