La Procuraduría General de la Nación impuso una sanción disciplinaria contra Juan Pablo Ramírez, exsecretario de Gobierno e Inclusión Social durante la administración de Daniel Quintero, por su participación en un caso relacionado con presuntas presiones a funcionarios públicos para apoyar financieramente el proyecto político del movimiento Independientes.
Hay que recordar que Ramírez llegó incluso a ser funcionario del Gobierno Petro, al ser nombrado subdirector de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), adscrita al Ministerio de Hacienda.
La decisión fue tomada por la Delegada Disciplinaria de Juzgamiento, que encontró a Ramírez responsable de utilizar su cargo para pedir a funcionarios de la Secretaría a realizar donaciones económicas con fines políticos. La sanción impuesta consiste en su destitución e inhabilidad por 14 años para ejercer cargos públicos o contratar con el Estado.
Más sanciones de la Procuraduría
En el mismo fallo de primera instancia, la Procuraduría también sancionó a otros dos exfuncionarios de la Alcaldía: Juan Daniel Pulgarín, exsubsecretario de Grupos Poblacionales, y Fredy Alonso Agudelo, exsubsecretario de Gestión de Bienes. Ambos recibieron la misma medida disciplinaria, la cual será la destitución e inhabilitación por 12 años.
El caso que originó estas investigaciones se remonta a 2021, cuando María del Pilar Rodríguez, entonces funcionaria de la Secretaría de Inclusión, denunció que fue convocada junto a otros compañeros a una reunión privada en la que presuntamente se les exigió hacer aportes de su salario para respaldar políticamente a Daniel Quintero.
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Según el testimonio, la reunión incluyó la recolección temporal de sus celulares y la entrega de información para realizar los pagos a través de una corporación denominada “El futuro se parece a nosotros”.
Además de confirmar la responsabilidad disciplinaria de los implicados, la Procuraduría negó una solicitud presentada por la defensa de Ramírez, que pretendía abrir una investigación contra la denunciante. También desestimó la petición de otorgar personería jurídica a la apoderada de Daniel Quintero, al no ser parte del proceso disciplinario.
Este fallo es de primera instancia y puede ser apelado ante la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento.
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