En un escenario cada vez más complejo para las finanzas públicas en Colombia, la decisión del Gobierno de activar la cláusula de escape de la Regla Fiscal confirma lo que muchos analistas vienen anticipando, que el déficit fiscal podría alcanzar niveles históricamente altos este año.
La mayoría de las proyecciones le apuntan a que la diferencia entre ingresos y gastos supere el 7 % del PIB este año, muy por encima del 5,1 % consignado en el Plan Financiero e incluso superior al 6,7 % registrado en 2024.
Este desbalance y la decisión del Gobierno de flexibilizar los límites establecidos, algo que según la ley solo puede hacerse en caso de eventos extraordinarios, hace que la probabilidad de un recorte en la calificación soberana por parte de las tres principales agencias en los próximos meses sea muy alta, según un informe de Credicorp Capital.
“El mercado de deuda actualmente valora casi dos degradaciones de nivel (equivalente a BB-). Esta es otra pieza de información que respalda nuestra visión de larga data de que la prima de riesgo incorporada en el mercado de deuda pública seguirá siendo elevada”, señala el documento.
Los analistas insistieron en que la ley establece que la cláusula solo se puede activar cuando ocurren eventos extraordinarios que ponen en riesgo la estabilidad macroeconómica. Dado que “la economía está mostrando una recuperación no despreciable, no hay razones para activar la cláusula de escape”.
Por eso, su lectura es que la decisión refuerza la muy baja disposición de la administración de Petro para llevar a cabo recortes de gasto a pesar de los altos déficits fiscales y el deterioro de la deuda pública.
Según el ministro de Hacienda, Germán Ávila, los ingresos fiscales netos aumentarían aproximadamente un 14 % este año frente a 2024 (se esperaba que el crecimiento fuera del 22,6 %), mientras que el gasto primario crecería alrededor del 9 % (el objetivo era que lo hiciera solo en 4 %). Así, el déficit fiscal se acercaría al 7,2 % del PIB.
“Esperábamos el anuncio de esfuerzos en el lado del gasto para evitar un mayor deslizamiento fiscal, mientras que se sería transparente reconociendo déficits fiscales más altos y la violación de la regla fiscal (como ha sido el caso en otros países como Chile y Perú recientemente), pero evitando la activación de la cláusula de escape”, detallaron.
Credicorp Capital comparó la decisión del Gobierno con la que podría tomar un banco central al suspender su objetivo de inflación debido a la dificultad para alcanzarlo.
Además, el deterioro fiscal podría tener efectos colaterales relevantes sobre la política monetaria. Si se activa la cláusula de escape, es probable que el Banco de la República modere aún más el ritmo de recorte de tasas de interés, en un contexto donde la inflación ya está en retroceso. Esto implicaría un costo financiero mayor para el país y un impacto negativo en el crecimiento económico de cara a 2026.
Dado que la cláusula de escape puede ser activada por hasta tres años fiscales, el ajuste de los nuevos objetivos que se establezcan y las medidas que se tomen para cumplirlos estará en manos del próximo gobierno.
—