La plenaria del Senado de la República le cerró la puerta de manera definitiva a la conocida «consulta popular 2.0», una propuesta impulsada por el Gobierno Nacional en un segundo intento por someter a la decisión ciudadana algunos puntos esenciales de sus ambiciosos proyectos de reforma laboral y de salud.
La corporación legislativa adoptó esta determinación con una contundente mayorÃa de 52 votos en contra de la iniciativa y apenas dos a favor.
Esta votación se llevó a cabo justo después de que la plenaria del Senado aprobara la reforma laboral, un proyecto de ley que contempla varios de los cambios que inicialmente se buscaban incorporar a través de la consulta popular.
Detalles de la consulta popular 2.0
La consulta popular 2.0 incluÃa 16 preguntas, a diferencia de las 12 de la primera versión, que ya estaban contenidas en las reformas laboral y de salud que no prosperaron en el Congreso.
Las interrogantes abarcaban temas de la reforma de salud, como el presunto acaparamiento y la especulación de precios de medicamentos, la propuesta para que las EPS dejen de ser intermediarias financieras y la creación de un nuevo modelo preventivo de atención en el sistema de salud.
Esta decisión del Senado se alinea con la tomada el pasado 14 de mayo, cuando la primera consulta popular propuesta fue negada con 49 votos en contra y 47 a favor.
A pesar de este rechazo legislativo, el Gobierno habÃa radicado este nuevo proyecto y, paralelamente, el presidente Gustavo Petro tomó la decisión de convocar la consulta popular 1.0 por decreto presidencial.
Consulta popular por decreto
La decisión presidencial de convocar una consulta popular por decreto ha suscitado una oleada de crÃticas desde diversos sectores polÃticos, jurÃdicos y académicos. Empresarios también han expresado que esta medida es un golpe a la Constitución.
Según el decreto, la jornada de votación se realizarÃa el próximo 7 de agosto, fecha en la que los colombianos acudirÃan a las urnas para responder 12 preguntas.
Frente a este escenario, la RegistradurÃa Nacional del Estado Civil, bajo la dirección de Hernán Penagos, se pronunció sobre la legalidad del decreto presidencial.
Tras analizar tanto el decreto como la decisión del Senado del 14 de mayo, Penagos advirtió que la iniciativa enfrenta cuestionamientos jurÃdicos de fondo que deben ser resueltos por las altas cortes, especÃficamente el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, antes de que la RegistradurÃa pueda proceder con su organización.
El Registrador Nacional indicó que este es un problema jurÃdico de «talla mayor» y, por tanto, la RegistradurÃa solicitará concepto a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.
Asimismo, remitirá copia de esta solicitud a la Agencia Nacional JurÃdica de Estado y a la ProcuradurÃa. Penagos también confirmó que el costo de la consulta popular ascenderÃa a $750.000 millones y aseguró que es «materialmente imposible» organizar la consulta en tan solo dos meses, como busca el Gobierno.
