El Índice Bravo – Valora Analitik correspondiente a mayo de 2025 revela una compleja dinámica en el comportamiento crediticio de los colombianos, marcada por un incremento del 10,9 % en la deuda promedio desde inicio de año, alcanzando los $32,7 millones. Este aumento contrasta significativamente con la persistencia de una mora promedio de ocho meses, evidenciando las tensiones estructurales que continúan caracterizando el mercado crediticio nacional, informó Bravo.
Los datos consolidados del primer cuatrimestre muestran que, mientras el endeudamiento promedio experimentó fluctuaciones mensuales desde $29.544.528 en enero hasta el pico actual de mayo, los indicadores de mora se mantuvieron prácticamente inalterados entre siete y ocho meses.
Colombia enfrenta el desafío de la mora prolongada en contexto regional adverso
El análisis detallado del comportamiento crediticio colombiano durante estos cinco meses revela patrones preocupantes que merecen atención. La edad promedio de los deudores se mantiene relativamente estable entre 37 y 39 años, concentrándose en población económicamente activa que enfrenta dificultades para honrar sus compromisos financieros.
Con un promedio de 2,5 a 2,6 deudas por persona, los colombianos mantienen niveles de endeudamiento múltiple que, aunque no son excesivos en términos absolutos, resultan problemáticos cuando se combinan con los extensos períodos de mora observados.
La persistencia de la mora en ocho meses durante abril y mayo, tras mantenerse en siete meses durante enero y marzo, indica que las estrategias de recuperación implementadas no están logrando reducir significativamente los tiempos de incumplimiento. Este fenómeno podría estar relacionado con factores macroeconómicos como la inflación persistente, las tasas de interés elevadas y el debilitamiento del poder adquisitivo de los hogares colombianos.
Brechas regionales profundizan diferencias estructurales en comportamiento crediticio
La comparación internacional revela contrastes dramáticos que posicionan a Colombia en una situación particularmente desafiante. Mientras los colombianos enfrentan moras promedio de ocho meses, países como España e Italia mantienen indicadores de apenas 1 a 2 meses, con más del 96 % de sus deudores presentando moras inferiores a seis meses. Esta brecha de seis meses en los tiempos de recuperación evidencia diferencias estructurales profundas en la gestión del riesgo crediticio y la capacidad de pago de los hogares.
Portugal emerge como un caso intermedio interesante, con deudas promedio que superan los $98 millones, pero moras de apenas cuatro a cinco meses. El hecho de que los portugueses manejen deudas casi cuatro veces superiores a las colombianas con moras significativamente menores apunta a diferencias fundamentales en los niveles de ingreso, estabilidad laboral y acceso a mecanismos de refinanciación efectivos.
Señales mixtas anticipan complejidades para el segundo semestre
El comportamiento errático de la deuda promedio durante el período analizado con caídas en febrero y abril, seguidas de recuperaciones en marzo y mayo, sugiere una volatilidad subyacente que podría estar relacionada con factores estacionales, cambios en políticas crediticias o ajustes en el comportamiento de consumo de los hogares. Esta inestabilidad, combinada con la rigidez de los indicadores de mora, configura un escenario de alta incertidumbre para los próximos meses.
Los datos consolidados del Índice Bravo – Valora Analitik para los primeros cinco meses de 2025 configuran un panorama que demanda atención prioritaria de hacedores de política, entidades financieras y organismos de supervisión. La combinación de deuda creciente, mora persistente y proliferación de planes de pago sugiere que el mercado crediticio colombiano atraviesa una fase de ajuste profundo que requerirá intervenciones coordinadas para evitar un deterioro mayor.
El contraste con las mejores prácticas internacionales, particularmente en mercados europeos, ofrece lecciones valiosas sobre la importancia de sistemas de evaluación crediticia más robustos, mecanismos de recuperación temprana más efectivos y, fundamentalmente, políticas que fortalezcan la capacidad real de pago de los hogares.
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