Una serie de analistas independientes han contradicho al Gobierno en su lectura de que la reforma pensional podría entrar en vigor este año, pues advierten que se mantienen los vicios que encontró la Corte Constitucional e incluso denuncian unos nuevos que llegarían a tumbar la ley.
El presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, aclaró la semana pasada que para que la ley entrara en vigor primero debía subsanarse la irregularidad identificada en el cuarto debate durante la discusión de la iniciativa, para lo cual daba un plazo de 30 días.
El pasado sábado 28 de junio, la Plenaria de la Cámara de Representantes aprobó, de nuevo, el texto de la reforma pensional presentada por el gobierno Petro con 104 votos a favor y 9 en contra, luego de que el legislativo citara a sesiones extraordinarias, pero sin discutir el articulado.
El presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, contó que la Cámara prepara ahora un informe detallado que será evaluado por la Sala Plena de la Corte y se mostró optimista en que la discusión se resuelva pronto, pues ya se definió a qué magistrado le corresponde hacer la ponencia: “Esperamos que en el transcurso de esta semana inicie la discusión”, dijo. Aun así, es incierto cuánto tiempo pueda tomar.
Sin embargo, el abogado especialista en derecho Mauricio Restrepo, gerente de Restrepo Fajardo Abogados y Asociados, considera que el vicio que señaló la Corte no se subsanó en el Congreso porque el texto se acogió tal como venía del Senado, sin discusión y descartando los ajustes que en su momento hizo la Comisión Séptima de la Cámara. En su opinión, esto podría derivar en que la reforma se caiga.
Para Andrés Izquierdo, gerente de Integral Seguridad en Pensiones (ISP), si bien la reforma pensional no entrará en vigencia hasta tanto la corte no se pronuncie de fondo sobre la exequibilidad, una serie de vicios y problemas jurídicos adicionales le hacen pensar que la ley terminaría por caerse.
“El decreto que citó a sesiones extraordinarias en el Congreso se expidió basado en un comunicado que no tiene poder vinculante cuando tenía que hacerse sobre una providencia judicial, es decir, el auto notificado o una sentencia”, explicó. A esto se suma que el viernes previo a la votación la Cámara anunció la agenda sin el quórum suficiente.
El abogado también encontró que, como las leyes ordinarias deben ser tramitadas en dos legislaturas consecutivas, se estaría subsanando en el Congreso por fuera de los periodos legislativos, una excepción que hasta el momento solo se ha permitido a las leyes estatutarias. “Sobre esto van a llegar muchas más demandas”, anticipó.
Mientras no se publique el auto de la Corte Constitucional todo se limita a interpretaciones. Por ahora, se sabe que la vigencia de la reforma pensional aplicaría a partir del día siguiente a la emisión del fallo, como indica el último auto.
Oportunidad para mejorar la reforma pensional
Otros analistas, como el presidente de ANIF, José Ignacio López, han advertido que la Corte no solo comprobará si se corrigió o no el vicio de procedimiento, sino que hará una revisión integral de constitucionalidad, “lo que podría llevarla a solicitar una revisión de algunos de los puntos sobre los cuales hay inquietudes”.
ANIF aprovechó la apertura de la discusión para insistir en que podrían introducirse mejoras sustanciales en la reforma pensional, relacionadas principalmente con el Pilar Semicontributivo, el umbral de 2,3 salarios mínimos que divide los pilares, el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo (FAPC) y los beneficios sobre poblaciones especiales.
“Si bien la reforma aprobada representa un avance en términos de protección social —al introducir el Pilar Solidario y eliminar la competencia y el arbitraje entre los regímenes público y privado—, aún persisten desafíos que deben ser abordados para garantizar el cumplimiento de los principios de universalidad, equidad y sostenibilidad”, anotó en su informe semanal.
El centro de estudios recordó que el sistema pensional actual excluye a una gran parte de la población (cerca del 70 % de los adultos mayores no acceden a una pensión) y es profundamente inequitativo (los subsidios del régimen público se concentran en los pensionados de mayores ingresos).
“El objetivo de la reforma es rediseñar el sistema bajo principios de universalidad, equidad y sostenibilidad. Con la reciente decisión de la Corte Constitucional de retornar el proyecto a la Cámara de Representantes, el legislativo tenía la oportunidad de discutir los puntos que tienen un potencial de mejora en la reforma”, concluyó.
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