La Fiscalía General de la Nación imputó ante una juez de garantías de Bogotá al exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Manrique Soacha, por resultar salpicado en la desviación en dineros en la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Asimismo, fueron imputadas siete personas más que habrían participado en los hechos:
- Édgar Eduardo Riveros Rey – Abogado.
- Ana María Riveros Barbosa – Hija de Édgar Riveros.
- Sonia Rocío Romero Hernández – Cuñada de Édgar Riveros.
Ambas (Ana María y Sonia Rocío) eran contratistas de la UNGRD.
- Édgar Echeverri Toro – Representante legal y jefe de ventas de la corporación mixta Yapurutú.
- Francisco Javier Estupiñán Bravo.
- Jorge Aristizábal Rodríguez – Asesor de la Dirección del DAFP.
- Óscar Enrique Cárdenas Angulo – Contratista de la UNGRD.
Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia los imputó de acuerdo con su rol y grado de participación individual por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación propio y en favor de terceros, lavado de activos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público.
Los cargos no fueron aceptados por los procesados.
¿Qué arrojó la investigación?
La investigación estableció que, entre marzo de 2023 y mayo de 2025, Manrique Soacha, facilitó y gestionó la entrega de $100.000 millones de un convenio de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. A cambio de esta labor, solicitó el direccionamiento de los contratos que surgieran de estos recursos y una coima del 7 %.
Los contratos direccionados están relacionados con la compra de 40 carrotanques pequeños, suministro de plantas desalinizadoras, la puesta en funcionamiento de pozos de agua potables, las interventorías de estos y una prestación de servicios de topografía a nivel nacional.
