A finales de 2022 se estableció en Colombia un esquema de finanzas abiertas de carácter voluntario con la expectativa de que la necesidad de los usuarios llevaría a las entidades financieras a desarrollar plataformas para compartir información; sin embargo, el modelo no despegó, según Juan Manuel López, asociado senior del área de banca y finanzas de la firma de abogados Pérez-Llorca, Gómez-Pinzón.
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Dado que en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) de esta administración quedó consignado que todas las entidades públicas y privadas deberán brindar acceso y suministrar toda aquella información que pueda ser utilizada para facilitar el acceso a productos y servicios financieros, el Gobierno intervino en el proceso.
A finales del año pasado, la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF) dio a conocer un borrador de decreto, a manera de marco normativo, que buscaba migrar a un sistema de finanzas abiertas de carácter obligatorio.
Según el BID, las finanzas abiertas son un ecosistema de servicios financieros donde los datos personales de los consumidores se comparten, con su consentimiento previo e informado, entre las instituciones financieras para que estas ofrezcan servicios y productos a la medida.
Para López, el modelo voluntario de finanzas abiertas no tuvo éxito en Colombia porque pocas entidades compartieron información y muchas antepusieron la fricción al usuario. “Como resultado, los datos quedaron encerrados, la competencia limitada y la innovación estancada”, dijo el experto.
La premisa, de acuerdo con el abogado, era que el mercado alinearía los incentivos mejor que cualquier intervención. Al no ocurrir, el Gobierno redactó una reglamentación bajo el principio de reciprocidad (quien quiera acceder a datos debe estar dispuesto a compartir) que ya ha pasado por dos rondas de comentarios. Sin embargo, algunos expertos han calificado la intervención como excesiva.
El giro con esta propuesta, según el abogado, es que se mantiene la visión de propiedad sobre los datos, pero ahora con un marco que obliga a las instituciones a respetar la voluntad del usuario. “El consentimiento sigue siendo el eje. Solo el usuario puede autorizar la transferencia de sus datos, decidir su alcance y fijar las condiciones de uso”, explicó.
También destacó la figura del “tercero de Confianza” como agente de verificación para garantizar que entidades no supervisadas puedan participar bajo reglas claras. “Publicarán precios, justificarán decisiones y operarán con transparencia. Lejos de ser barreras, serán habilitadores de competencia”, contó.
López destacó que este modelo abre posibilidades concretas para el usuario: comparar productos, cambiar de entidad fácilmente, construir historial, acceder a mejores condiciones o simplemente elegir con quién compartir sus datos.
“Si se implementa correctamente, millones de personas y pequeños negocios podrán convertir su información en una herramienta real de inclusión y movilidad financiera, especialmente para quienes han sido excluidos del sistema tradicional, en un ecosistema más competitivo, transparente y personalizado”, concluyó.
