Durante su intervención en el 12° Foro Energético de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), el contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, lanzó una serie de advertencias sobre la crisis energética en Colombia que ha tomado fuerza en los últimos años. ¿Qué dijo el funcionario?
También el atraso en la ejecución de proyectos estratégicos y la creciente deuda de subsidios, factores que, según dijo, amenazan la estabilidad del sector y la calidad del servicio para millones de colombianos.
El jefe del organismo de control destacó que la energía es la base del aparato productivo y un pilar para el acceso de los ciudadanos a bienes y servicios esenciales.
Por ello, señaló que la Contraloría ha priorizado la vigilancia preventiva en materia de hidrocarburos, gas, energía eléctrica y minas, con especial atención en tres frentes: transición energética, seguridad y confiabilidad, y gestión de subsidios.
Retrasos en infraestructura y riesgo de crisis energética
Rodríguez advirtió que, pese a la última subasta de cargo por confiabilidad realizada en febrero de 2024 —en la que se asignaron 4.489 MW, en su mayoría provenientes de proyectos solares—, la capacidad de generación efectiva sigue siendo insuficiente, alcanzando solo 15 GWh/día.
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A ello se suma la preocupante situación de la infraestructura de transmisión.
De acuerdo con la Contraloría, de los 16 proyectos de ampliación del sistema actualmente en ejecución, 14 presentan retrasos, con un promedio de 30,7 meses.
Además, señaló que el 75% de las líneas de 500 y 230 kilovatios supera los 35 años de operación, lo que incrementa la vulnerabilidad del sistema ante fallas.
“Estos retrasos afectan directamente la seguridad energética del país”, enfatizó el contralor, quien pidió señales regulatorias claras y coordinación interinstitucional para garantizar la reposición de activos críticos.
Subsidios: deuda y sostenibilidad en riesgo
Otro de los puntos críticos que abordó el funcionario fue la deuda del Gobierno con las empresas de energía y gas por concepto de subsidios y opción tarifaria, que alcanzaba los $7,6 billones a enero de 2025.
Aunque el Ministerio de Minas informó en mayo de este año el pago de $2,5 billones correspondientes a obligaciones de 2024, la Contraloría advirtió que la deuda sigue creciendo y compromete la liquidez de las compañías prestadoras.
Rodríguez recalcó que los subsidios no son transferencias para las empresas, sino un mecanismo para garantizar el acceso de los hogares más vulnerables, y advirtió que la falta de pagos oportunos podría llevar a desmontar estos apoyos, afectando directamente a los usuarios.
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El contralor también se refirió a la situación de Aire S.A., empresa que presta el servicio de energía en Atlántico, La Guajira y parte del Magdalena, y que se encuentra bajo intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos desde 2024.
Actualmente, la compañía registra deudas cercanas a los $900.000 millones de pesos con proveedores de energía, mientras que el Fondo Empresarial, encargado de respaldar las empresas intervenidas, enfrenta una fuerte presión financiera al contar con solo $167.000 millones de saldo disponible frente a obligaciones por $324.000 millones.
“La sostenibilidad y seguridad energética del país no pueden depender de decisiones tardías ni de vacíos en la gestión”, advirtió Rodríguez, quien anunció un seguimiento técnico y permanente a la intervención para garantizar la continuidad del servicio.
Llamado a la coordinación y planeación
Finalmente, el contralor insistió en la necesidad de una institucionalidad robusta y coordinada que involucre a los ministerios de Energía, Ambiente y Hacienda, con el fin de evitar choques que retrasen proyectos estratégicos como las conexiones desde Chivor hacia Bogotá o el licenciamiento de proyectos gasíferos en La Guajira.
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“Colombia requiere planeación rigurosa, ejecución oportuna de recursos públicos y decisiones firmes que aseguren acceso a energía con calidad, eficiencia y precios justos”, concluyó Rodríguez, reafirmando el compromiso de la Contraloría con un control fiscal técnico, independiente y preventivo que garantice el bienestar de los ciudadanos y la confianza institucional.
