El Consejo de Estado, en segunda instancia, ordenó al presidente Gustavo Petro retractarse por señalamientos que hizo en relación con Enrique Vargas, hermano del exvicepresidente Germán Vargas Lleras.
El alto tribunal determinó que el presidente vulneró dichas garantÃas al afirmar públicamente que la familia Vargas Lleras, a través de la Nueva EPS, habrÃa ocultado deudas por $5 billones para aparentar una situación financiera favorable.
Según la sentencia, tales afirmaciones constituyeron hechos presentados como ciertos, sin respaldo judicial ni administrativo, desconociendo el principio de veracidad y la presunción de inocencia.
En ese sentido, el Consejo de Estado ordenó al presidente retractarse en un plazo de 48 horas publicar en su cuenta personal de X, asà como en las redes oficiales de la Presidencia y del Departamento Administrativo de la Presidencia, un mensaje en el que aclare que las afirmaciones difundidas no corresponden a hechos ciertos.
El pronunciamiento deberá permanecer publicado por dos meses. Es importante recordar que el caso inició el 2 de enero de 2025, cuando el presidente Petro, en respuesta a un trino del exalcalde Enrique Peñalosa, acusó a la Nueva EPS —que relacionó con los Vargas Lleras— de ocultar deudas millonarias.
Ante las afirmaciones, el 15 de enero, Enrique Vargas Lleras solicito formalmente una rectificación, la cual fue negada por la Presidencia de la República el 26 de febrero, argumentando que se trataba de una opinión polÃtica sustentada en denuncias y reportes de prensa.
Ante la negativa, Vargas Lleras presentó el 3 de marzo de 2025 una acción de tutela en defensa de sus derechos fundamentales a la honra y al buen nombre. El 11 de abril, la Sección Tercera del Consejo de Estado falló en primera instancia a su favor, ordenando al presidente retractarse y publicar excusas en sus redes oficiales.
La Presidencia impugnó la decisión, sosteniendo que las afirmaciones del mandatario hacÃan parte del debate polÃtico y no constituÃan una imputación penal. Sin embargo, el 21 de agosto de 2025, la Sección Cuarta del Consejo de Estado resolvió la impugnación en segunda instancia, confirmando el amparo y modificando la orden para que la retractación precise que los hechos mencionados por el presidente «no son ciertos».
