El Ministerio de Transporte anunció la entrada en vigor de un nuevo decreto que introduce cambios estructurales en la regulación del transporte de carga en Colombia. La norma, que comenzó a regir el pasado 22 de septiembre, fue el resultado de un proceso de construcción conjunta con los gremios del sector, tras múltiples mesas de trabajo y el análisis de propuestas orientadas a modernizar la actividad y garantizar mayor equidad en la cadena logística.
El objetivo principal del decreto es corregir las asimetrías que existen en la economía del transporte de carga y formalizar las relaciones laborales y comerciales que se generan en este sector. Para lograrlo, se implementan instrumentos más sólidos de seguimiento y control, lo que permitirá brindar mayores garantías tanto a los conductores como a los propietarios de los vehículos.
Uno de los ejes de la reforma se enfoca en mejorar las condiciones laborales de los transportadores. El decreto establece mecanismos que buscan garantizar el pago oportuno de salarios y prestaciones sociales, así como la remuneración por los tiempos logísticos asociados a la carga y descarga de mercancías. Con estas disposiciones se pretende eliminar prácticas que trasladaban costos operativos a los conductores, afectando sus ingresos y estabilidad económica.
¿Qué otros beneficios tendrán los transportadores con el nuevo decreto?
Además, la norma contempla beneficios específicos para los pequeños transportadores. Entre ellos se encuentra la posibilidad de conformar empresas con menores requisitos patrimoniales, lo que abre un camino hacia la formalización y el fortalecimiento empresarial de quienes hasta ahora han operado de manera independiente. Asimismo, se habilita el cambio de servicio público de carga, una medida que reconoce la realidad de miles de familias que dependen directamente de esta actividad como fuente de sustento económico.
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En lo relacionado con el parque automotor, el decreto amplía de manera significativa los programas de reposición. Por primera vez, los vehículos livianos de carga y las volquetas quedan incluidos dentro del fondo de reposición, lo que brinda acceso a mecanismos de modernización que antes estaban limitados a segmentos más reducidos del sector. Esta ampliación busca mejorar la competitividad y la seguridad vial, al incentivar la renovación de unidades que cumplen funciones esenciales en las distintas actividades productivas del país.
La reforma también integra un componente tecnológico y de supervisión, con el propósito de fortalecer la trazabilidad y la transparencia en las operaciones. Entre las medidas adoptadas se destaca el fortalecimiento de plataformas como el Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga (SICETAC) y el Registro Nacional de Despacho de Carga (RNDC). De igual manera, se implementa la supervisión remota de básculas, herramienta que permitirá reducir la evasión y las irregularidades en el control de peso de los vehículos.
Adicionalmente, se amplía la obligatoriedad de reportar información al RNDC a todos los segmentos del transporte, incluyendo actividades específicas como el traslado de ganado menor. Con ello se busca consolidar bases de datos más completas y confiables que respalden la toma de decisiones en materia de política pública y planificación del sector.
