Julián Jiménez, socio de Esguerra JHR, firma con más de 40 años de experiencia en Colombia, criticó fuertemente la propuesta de reforma tributaria del gobierno de Gustavo Petro, que empezará a discutirse en el Congreso en las próximas semanas.
Jiménez advirtió que la iniciativa, que busca recaudar $16,3 billones el próximo año —después del ajuste negociado con el Congreso en la discusión del Presupuesto para 2026 el 11 de septiembre—, se caracteriza por tener un «sesgo político muy alto» y por centrarse ideológicamente en la noción de que los ricos deben contribuir más, una fórmula que “no es sana y envía un mensaje equivocado a los mercados».
En la entrevista, producto de la alianza entre Valora Analitik y Renta 4 Global Fiduciaria, el abogado analizó el impacto de las propuestas tributarias en la inversión, el mercado de inversiones y el sistema financiero colombiano. Esta conversación tuvo lugar antes de la reducción a la meta de recaudo de la ley de financiamiento por parte del Gobierno.
¿Cuál es el principal riesgo que se ve en el articulado de la reforma tributaria?
La reforma posee un sesgo político y un componente ideológico muy importantes. Tradicionalmente, las reformas eran de $10 billones a $12 billones, pero las presentadas por el gobierno Petro son ambiciosas, superando los $20 billones.
El principal riesgo es que el gobierno está utilizando una fórmula o la receta equivocada para buscar equidad. La reforma ataca duramente a tres o cuatro sectores, incluyendo el financiero, el minero energético y el de petróleo y gas. Esto se materializa al buscar subir progresivamente la tarifa del impuesto de renta, bajar los percentiles y, particularmente, al ampliar la base del impuesto al patrimonio. En conjunto, estas medidas siguen mandando un mensaje equivocado a los mercados.
Respecto a la sobretasa que se está proponiendo para los bancos, ¿qué podría pasar si se lleva al 50 %?
La sobretasa no se limita únicamente a los bancos, sino que se aplica al sector financiero en general. Esto incluye aseguradoras, comisionistas, fiduciarias y bolsas de valores. El mensaje que se envía al castigar al sector financiero es equivocado, pues se trata de un jugador fundamental y un motor para cualquier economía.
Llevar la tasa de tributación del sector financiero hasta el 50 % resulta casi que confiscatorio. Con una tarifa de esta magnitud, las entidades no podrán mantener la rentabilidad, viéndose forzadas a cortar servicios, cerrar áreas o volverse muy caras. Esto generará otros efectos negativos en la economía. Además, al aumentar los dividendos a la inversión extranjera, se convierte en un factor desestimulante para jugadores internacionales.
¿Han hecho algún análisis del impacto de la aprobación de estos artículos sobre la gente que invierte en los mercados de valores?
La norma más delicada es la propuesta de derogar el tratamiento especial que hoy exime de renta o ganancia ocasional a un componente de los rendimientos financieros. Esta medida grava el componente de los rendimientos financieros.
El impacto de esta derogación es masivo, pues afecta a todos los colombianos. El cambio no solo toca a los grandes capitales, sino también al ahorrador común que invierte en un CDT o mantiene una cuenta de ahorros. Esto envía un mensaje equivocado por parte del gobierno, ya que la economía colombiana, donde los ciudadanos ya ahorran menos de lo que deberían, necesita ahorro.
Se está bajando el umbral y haciendo requerimientos adicionales para que más gente pague el impuesto al patrimonio, ¿cómo lo ven?
La ampliación de la base del Impuesto al Patrimonio es un tema nefasto. Esta medida implica una doble imposición, ya que la persona ya pagó impuesto de renta al generar el dinero con el que adquirió ese patrimonio.
Bajar el umbral a $2.000 millones afecta directamente a la clase media, pues ese patrimonio puede estar representado en un apartamento o en dos apartamentos y una casa de segunda vivienda de recreo. Para las personas que ya están en la etapa no productiva y no generan renta, tener que pagar este tributo se convierte en una especie de expropiación vía impuestos. Jiménez insistió en que $2.000 millones no representan una verdadera riqueza, sino el fruto del trabajo de muchos años.
El articulado incluye un nuevo impuesto para la gasolina y para el ACPM, ¿qué han analizado ustedes sobre el impacto que puede tener?
El aumento propuesto en el impuesto a la gasolina y al ACPM, que podría llevar la tarifa hasta un 19 %, es un tema que va a generar inflación. Si bien el transporte de carga o pasajeros no está gravado con IVA, el combustible sí lo estará.
Dado que las empresas son un simple recaudador del impuesto, este IVA se convierte en un mayor valor del precio que la empresa deberá recuperar a través de la tarifa o el flete. Al final, el consumidor terminará pagando, lo cual se transferirá en mayores precios. Esto terminará gravando indirectamente bienes básicos de la canasta familiar y desnaturalizando el principio de no gravar lo que la gente necesita para subsistir.
¿Cuál fue la sorpresa que trajo esta reforma tributaria?
Aunque el gobierno ha sido constante en su receta de alta tributación para sectores específicos, la sorpresa se centró en las modificaciones al Impuesto sobre las Ventas (IVA), como en los vehículos híbridos y de alta gama. Tocar el IVA es antipopular y es algo que los gobiernos suelen evitar en su último año.
También se incluyó gravar la industria de los juegos de suerte y azar en línea, así como la industria del entretenimiento (conciertos y espectáculos públicos). Jiménez recordó que, dado que la tributación directa ya está exhausta (con tasas de renta del 41 % para naturales y más del 50 % combinado para jurídicas), el gobierno recurre a la tributación indirecta (IVA e impoconsumo), a pesar de que este impuesto es regresivo.
¿Qué deberíamos hacer en Colombia para conseguir un mejor resultado en el recaudo?
Primero, luchar contra la evasión reduciendo la penetración del efectivo, ya que el uso de efectivo es un gran amigo para la evasión. Utilizando plataformas digitales existentes (como Nequi o Daviplata), se puede controlar mejor el sector informal.
El segundo pilar es volver a los principios históricos de la tributación en Colombia: bajar los niveles de tributación. Históricamente, al bajar las tasas, el recaudo ha aumentado y la economía ha crecido. El país debe volverse más competitivo y reducir la tributación, especialmente al sector minero energético.
El tercer pilar es simplificar el estatuto tributario, haciéndolo más digerible y sencillo, para que la gente no sienta miedo de declarar renta y vea que el aporte al país es fácil de realizar. La actual receta de subir las tasas está equivocada, se agota rápidamente y destruye la economía a mediano y largo plazo.
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