La Contraloría General de la República inició seguimiento al contrato entre el Ministerio de Defensa y la empresa Vertol Systems Company, para la adquisición de bienes, mantenimiento y sostenimiento de la flota de helicópteros MI-17.
El ente de control advirtió un riesgo inminente para el patrimonio del Estado: “Debido a la alta probabilidad de pérdida de más de US$13 millones de los US$16,231 millones entregados como pago anticipado”. Adicionalmente, habría un riesgo significativo de incumplimiento del contrato, que vence el 15 de noviembre de 2025, con un avance de apenas el 8 %.
Las conclusiones de la Contraloría
En primer lugar, el ente de control identificó debilidades en la selección del contratista, tanto en las evaluaciones económica, técnica y jurídica, como en los procedimientos de verificación.
Según la Contraloría, el oferente no acreditó la capacidad financiera necesaria para ejecutar el contrato en el plazo previsto hasta el 15 de noviembre de 2025, ni cumplió con los requisitos de experiencia técnica establecidos en el estudio previo. Pese a ello, se le otorgó aval jurídico, lo que, a juicio del organismo, contraviene el principio de selección objetiva.
Asimismo, la Contraloría señaló un grave desbalance entre el anticipo entregado y el avance físico de la obra, pues mientras el contrato registra solo un 8 % de ejecución, ya se ha desembolsado el 50 % del valor total —equivalente a US$16,2 millones—. Esta desproporción “incrementa el riesgo de que el proyecto no culmine adecuadamente”.
Aunque la División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército advirtió en varias ocasiones al contratista —mediante oficios del 21 de febrero, 30 de junio y 23 de agosto de 2025—, el Ministerio de Defensa solo inició el proceso por incumplimiento el 3 de septiembre, lo que evidencia una respuesta tardía ante alertas previas.
De igual modo, el organismo de control alertó sobre el riesgo de pérdida de recursos públicos, dado que la empresa contratista es extranjera y de responsabilidad limitada, lo que impide exigir a sus socios responder con su patrimonio personal.
Finalmente, la Contraloría advirtió que el incumplimiento del contrato impacta directamente la capacidad operativa del Ejército, pues impide el mantenimiento de la flota de helicópteros MI-17 y la adquisición de repuestos esenciales. Ello conlleva la inmovilización parcial de estas aeronaves y limita la movilidad aérea, el transporte de tropas, el abastecimiento logístico y la respuesta frente a amenazas a la seguridad nacional.
