Varias voces salieron a criticar los requerimientos que hizo la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) a los medios de comunicación, al considerar que representaban un intento disfrazado de censura.
La polémica se desató tras conocerse una comunicación en la que la entidad pedía a diferentes medios detallar sus políticas internas, mecanismos de verificación de contenidos y los “soportes documentales” de consejos editoriales, información que muchos directores de medios consideraron sensible.
Reacciones ante la solicitud
La presión fue inmediata. El Círculo de Periodistas de Bogotá (CPB) declaró “alerta máxima” y advirtió que sobre Colombia “se cierne una peligrosa sombra sobre la libertad de prensa”.
En un comunicado, el gremio alertó que el requerimiento de la CRC, sumado a la posibilidad de “adopción de medidas administrativas” en caso de incumplimiento, constituía una intromisión directa en la autonomía editorial. “Estas pretensiones de censura, disfrazadas de discursos moralistas o de ataques selectivos contra periodistas críticos, amenazan con asfixiar el derecho ciudadano a estar informado”.
A las críticas se sumó la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), que calificó las solicitudes como una extralimitación de funciones. “Si bien entendemos que la CRC tiene entre sus funciones analizar el pluralismo informativo y promover la calidad y diversidad de los contenidos audiovisuales, las solicitudes formuladas en este requerimiento exceden ese mandato y avanzan sobre ámbitos que están constitucionalmente protegidos por la libertad de prensa y la reserva periodística”, advirtió la organización.
Para la FLIP, el pluralismo y la imparcialidad son principios que “deben garantizar la coexistencia de múltiples voces y perspectivas, no la supervisión o el escrutinio estatal sobre cómo se toman las decisiones editoriales dentro de los medios”.
El pronunciamiento más contundente vino del procurador general Gregorio Elijach, quien expresó su rechazo a cualquier intento de limitar la libertad de prensa. “Quiero expresar mi rechazo a cualquier intento que se haya producido o se pueda producir de cercenar, de disminuir, de atacar un principio fundamental, inescindible en toda democracia como es la libertad de expresión y la libertad de prensa. No permitirá el Procurador General de la Nación que se atente contra ese sagrado principio que encarna en la libertad”, afirmó Elijach.
Frente a la ola de críticas, la CRC tuvo que dar marcha atrás y aclarar públicamente el alcance del requerimiento. En un comunicado, la entidad aseguró que “no tiene propósito de actuación administrativa sancionadora, sino de un ejercicio de carácter informativo y analítico” que busca “recabar insumos técnicos que contribuyan al diseño de estrategias regulatorias orientadas a la promoción del pluralismo informativo”.
En otras palabras, la Comisión buscaba identificar “buenas prácticas” en el sector y compartirlas con otros medios. Sin embargo, el episodio reavivó el debate sobre los límites de la intervención en la prensa.
