La suerte de la reforma pensional del Gobierno de Gustavo Petro se definirá esta semana. Después de varios meses de espera, la Corte Constitucional iniciará el análisis de fondo sobre la exequibilidad de la ley que debía entrar en vigencia en julio pasado, pero que fue frenada por dudas sobre su trámite en el Congreso.
El alto tribunal, presidido por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, deberá determinar si el proyecto respetó las reglas del debate legislativo. No juzgará el contenido o la conveniencia del nuevo modelo, sino la legalidad de su aprobación. El pasado 10 de octubre, Ibáñez repartió la ponencia para discusión en la Sala Plena, paso que marcó el comienzo formal del examen de constitucionalidad.
Entre los magistrados que participarán está el recién posesionado Carlos Camargo, exdefensor del Pueblo y reconocido opositor del Gobierno. Su presencia agrega tensión al debate, especialmente tras la recusación presentada por la senadora Paloma Valencia, una de las demandantes de la ley, la cual fue rechazada por la Corte, permitiendo que Camargo intervenga en la decisión.
Desde el Ejecutivo, el ambiente es de expectativa. El Gobierno sostiene que la reforma busca “cerrar brechas de género” al reducir las semanas de cotización de las mujeres y otorgar un bono de género de hasta 150 semanas por hijos. También promete respetar los derechos de los pensionados actuales y ampliar la cobertura a tres millones de adultos mayores que hoy no reciben ningún beneficio.
Sin embargo, el presidente Gustavo Petro arremetió nuevamente contra el magistrado Ibáñez: “Alguien que niega un hijo no puede ser presidente de la Corte Constitucional”, escribió en X, insinuando falta de legitimidad moral en su papel como presidente del tribunal.
La Sala Plena podría inclinarse por tres caminos: declarar la ley exequible, lo que permitiría su entrada en vigor gradual; inexequible, con lo cual todo el articulado perdería efecto; o inexequible parcialmente, manteniendo en pie solo algunos artículos.
De la decisión dependerá el rumbo de una de las apuestas sociales más ambiciosas del Gobierno Petro, que busca transformar el sistema de pensiones colombiano y ampliar la cobertura a los sectores más vulnerables.
