Este jueves se conoció que fue presentada ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) una queja por incumplimiento, perjuicio económico e inhabilidad luego de la renuncia de Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, a la consulta del Pacto Histórico.
Según la información, la queja fue presentada por Ximena Echavarría y Nicolás Dupont, ambos abogados, haciendo referencia al impacto económico que causó al Estado el retiro de Quintero de la consulta que se realizará el próximo 26 de octubre.
“La renuncia del precandidato, realizada de manera unilateral e intempestiva, produjo un riesgo cierto de detrimento patrimonial, al impedir el aprovechamiento del material electoral y de la logística ya financiada con recursos públicos. Esta situación se ajusta a lo previsto en el artículo 7 de la Ley 1475 de 2011, que obliga a los partidos, movimientos y candidatos a reintegrar los gastos en que la organización electoral hubiere incurrido en caso de renunciar”, señala el documento.
Además, advierte la inhabilidad del exalcalde para participar como candidato en las elecciones presidenciales.
“El señor Daniel Quintero Calle, al inscribirse y aceptar las condiciones de la consulta, quedó jurídicamente vinculado a esa colectividad. Su posterior renuncia no extingue ese vínculo, sino que activa la inhabilidad prevista por la ley, impidiéndole participar como candidato en cualquier otra organización política durante el proceso electoral de 2026”.
Solicitudes presentadas
Ante esa situación, los abogados solicitaron que se inicie formalmente una investigación administrativa para verificar el cumplimiento de la normativa electoral con respecto a la renuncia de Quintero.
También una investigación administrativa individual contra el precandidato por su renuncia, la cual según ellos generó un perjuicio económico al Estado por la “pérdida parcial de los recursos públicos invertidos en la organización de la consulta”.
Adicionalmente, investigar a los partidos políticos Colombia Humana, Unión Patriótica, Polo Democrático Alternativo y Partido Comunista Colombiano, quienes solicitaron la realización de la consulta interpartidista. “La investigación debe determinar su responsabilidad política y económica, por haber promovido la consulta sin garantizar su ejecución y por haber permitido que decisiones posteriores de uno de los precandidatos generen perjuicios al erario público”.
Para concluir, el documento pide que, una vez comprobadas las infracciones, “se impongan las sanciones correspondientes, conforme a los artículos 8, 10 y 12 de la Ley 1475 de 2011, la Ley 130 de 1994 y las resoluciones reglamentarias del CNE. Que se determine el monto total del detrimento patrimonial, con base en los informes de la Registraduría Nacional del Estado Civil, y se ordene su recuperación mediante cobro coactivo o deducción de la financiación estatal de los partidos responsables, conforme al inciso final del artículo 7 de la Ley 1475 de 2011”.
