El Tribunal Administrativo de Antioquia profirió una sentencia con la que resolvió la demanda interpuesta por Interconexión Eléctrica S.A. (ISA), ISA Intercolombia S.A. y Transelca S.A. contra la Nación – Ministerio de Minas y Energía y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD).
El caso se originó por la falta de pago y el alto endeudamiento de la empresa Air-e S.A.S., que presta el servicio de energía eléctrica en la región Caribe.
El alto tribunal determinó la nulidad de tres resoluciones expedidas por el Ministerio de Minas y Energía, al concluir que fueron emitidas sin competencia y con desviación de poder.
Según el fallo, el Ministerio invadió funciones exclusivas de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) al adoptar medidas de carácter regulatorio.
No obstante, el Tribunal negó el restablecimiento económico solicitado por ISA, Intercolombia y Transelca, al considerar que no se demostró un perjuicio directo atribuible a los actos anulados.
En contraste, ratificó la legalidad de la intervención de Air-e por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos, al declarar ajustada a la ley la resolución del 11 de septiembre de 2024, mediante la cual se tomó posesión de los bienes y negocios de la empresa. También descartó la responsabilidad patrimonial del Estado.
Con esta decisión, el Tribunal enfatizó en la necesidad de restablecer la legalidad administrativa en el sector energético, señalando que el Ministerio excedió sus funciones, pero que la Superintendencia actuó dentro de la ley.
Deuda creciente de Air-e y crisis sin solución
Según datos de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), con corte al 12 de septiembre de 2025, la deuda de Air-e asciende a $1,4 billones: $900.000 millones con las plantas térmicas, $300.000 millones con hidroeléctricas y $200.000 millones con empresas de transmisión.
A más de un año de su intervención, Air-e sigue en una grave crisis financiera. Cuatro interventores han pasado por la compañía sin que se logre estabilizar su operación.
Por el contrario, el pasivo continúa creciendo y no existe aún una salida estructural.
Expertos del sector advierten que vender Air-e a un privado sería un error, dado el tamaño del déficit y los riesgos regulatorios que enfrenta.
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Air-e responde: la sentencia no está en firme
En un comunicado oficial, Air-e aclaró que la decisión del Tribunal corresponde a una primera instancia y que aún no produce efectos jurídicos definitivos, pues contra ella proceden los recursos de ley.
La empresa subrayó que las resoluciones anuladas por el Tribunal “solo estuvieron vigentes hasta el 31 de diciembre de 2024” y, por tanto, ya no tienen efectos actuales. Además, recordó que la protección regulatoria que impide limitar el suministro de energía a empresas intervenidas sigue plenamente vigente, según la normativa.
Air-e reiteró su compromiso con la transparencia, la legalidad y la prestación eficiente del servicio eléctrico en la región Caribe, bajo las directrices del Gobierno Nacional y los entes de control.
