La inclusión de clubes del fútbol colombiano en la ‘Lista Clinton’ del programa de sanciones de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) de los Estados Unidos revela una conexión entre deporte, finanzas y crimen organizado.
La lista, conocida oficialmente como Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN) o ‘Lista Clinton’, impone bloqueos financieros y comerciales que afectan gravemente la operación de los equipos.
El caso más recordado es el del América de Cali, que permaneció en la ‘Lista Clinton’ durante aproximadamente 17 años (1996 – abril 2013) por nexos con el cartel de Cali. Solo salió tras un largo proceso de saneamiento financiero y reestructuración administrativa.
Envigado Fútbol Club fue incluido a la ‘Lista Clinton’ en noviembre de 2014 por presuntos vínculos con la organización criminal “La Oficina de Envigado” y logró salir en abril de 2018, mientras que Cortuluá estuvo sancionado entre 2006 y mayo de 2012 por nexos con narcotraficantes, especialmente con Carlos Alberto Rentería, alias ‘Don Beto’.
La sanción tiene efectos directos: los activos son congelados, los clubes no pueden operar con instituciones financieras estadounidenses ni acceder a créditos internacionales, y se prohíben patrocinios de empresas con base en Estados Unidos.

Además, los equipos sancionados tienen prohibido disputar partidos amistosos en ese país o negociar jugadores con clubes del exterior. En el caso del América de Cali, se estima que las pérdidas superaron el US$1 millón en activos retenidos, además de deudas salariales que contribuyeron a su descenso a la Categoría B del fútbol colombiano en 2011.
Sanciones y consecuencias económicas
La OFAC bloquea todos los bienes e intereses de las entidades incluidas en la lista, lo que genera un aislamiento financiero total. Los equipos no podían recibir transferencias internacionales, abrir cuentas bancarias o firmar contratos comerciales con compañías que tuvieran operaciones en Estados Unidos o en países asociados al sistema financiero internacional.
En el América de Cali, el castigo se tradujo en una de las peores crisis económicas de su historia. La imposibilidad de recibir patrocinadores multinacionales redujo los ingresos operativos y limitó las contrataciones de jugadores.

Cortuluá, por su parte, enfrentó la desconfianza de patrocinadores y socios comerciales hasta que logró demostrar ante las autoridades que había cortado todos los vínculos con actividades ilícitas. Envigado atravesó un proceso de supervisión por parte de la Superintendencia de Sociedades antes de su exclusión, tras mostrar avances en transparencia y gestión financiera.
La comparación entre los casos muestra diferencias significativas: América tardó 17 años en salir de la ‘Lista Clinton’, mientras Envigado solo 3 años y 5 meses. Esto refleja que la duración del proceso depende del grado de vinculación ilícita y de la capacidad administrativa para corregir las irregularidades.
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Pero el impacto no fue solo financiero. Las restricciones impidieron que los equipos sancionados pudieran competir en igualdad de condiciones. La pérdida de patrocinadores, la imposibilidad de vender jugadores y las dificultades para recibir inversión extranjera debilitaron sus estructuras deportivas.




