El presidente Gustavo Petro continúa reforzando su apuesta más polémica: una Asamblea Nacional Constituyente a menos de un año de terminar su mandato.

El anuncio del saliente ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, sobre un borrador de ley para convocarla reavivó la discusión sobre sus verdaderas intenciones y sobre la viabilidad real de tramitar un cambio constitucional antes de que termine el actual gobierno.

En el texto preliminar, el Gobierno argumenta que existe un “bloqueo institucional” que impide ejecutar las reformas estructurales del programa de Petro —en especial la de salud y la pensional—, y que solo una Constituyente podría “restablecer el equilibrio de poderes” y “garantizar la gobernabilidad democrática”.

Sin embargo, más allá del discurso, el proceso jurídico y político para convocar una Constituyente luce prácticamente inviable antes de 2026.

Según la Misión de Observación Electoral (MOE), el trámite de una Constituyente, desde la radicación del proyecto hasta la elección de sus delegados, tardaría al menos un año, pero probablemente se tome más.

El procedimiento requeriría primero la aprobación del proyecto en el Congreso en ocho debates, ya que se trata de un acto legislativo. Allí se incluiría la convocatoria, el número de integrantes de la Asamblea, el sistema de selección de los participantes, los temas a tratar, fecha y periodo.

Este primer paso necesitaría el apoyo de una mayoría calificada: 53 senadores y 94 representantes, es decir, todos los miembros de los partidos de Gobierno (incluidos todos los liberales y verdes) para sacar adelante la convocatoria.

De ser aprobada pasaría a sanción presidencial. Luego, la Corte Constitucional revisaría si la ley aprobada respeta las normas vigentes y los principios del Estado Derecho.

Hasta este punto, el Gobierno del presidente Petro tendrían que superar dos campos de contención importantes, donde dice hay un “bloqueo institucional”.

Si la convocatoria logra conseguir el aval del alto tribunal, se convocaría a votación popular, allí los colombianos decidirían si apoyan o no la creación de la Asamblea.

Los números serían otra piedra en el zapato, ya que solo se aprobaría si al menos una tercera parte de los integrantes del censo electoral votan afirmativamente. Es decir, 12.988.505 votos por el Sí.

Si se consiguen las condiciones anteriores, los colombianos serian citados otra vez a las urnas para escoger quiénes escribirán la nueva Constitución, esto debe pasar entre dos y seis meses después de la consulta. Durante ese periodo el Congreso perdería las funciones constituyentes.

Los tiempos de la Constituyente

En ese escenario, el proceso apenas podría comenzar en 2026 o incluso después del fin del actual gobierno, si se cumplen los tiempos legales y de control constitucional.

“Tramitar una Constituyente en menos de un año sería casi imposible”, explicó la MOE en un informe técnico reciente, advirtiendo que no existe una ruta exprés dentro de la actual Constitución para lo que plantea Petro.

La carta de la Asamblea parece diluirse un poco con la salida del exministro Montelagre, quien sustentaba la viabilidad jurídica y era un bastión del proyecto. Su retiro deja al Ejecutivo sin su principal voz técnica en la materia y abre dudas sobre si el texto del borrador será realmente radicado ante el Legislativo porque sumado a lo anterior, desde el Ejecutivo señalan que la idea aún está coja, incluso el presidente Petro dijo que el borrador debía de pasar por varios cambios antes de radicarse.

Una bandera electoral, más que una hoja de ruta

Dentro y fuera del Pacto Histórico, crece la percepción de que la Constituyente funciona más como una herramienta de movilización política que como una propuesta jurídica viable.

En los hechos, la estrategia le permite al presidente mantener cohesionada a la izquierda y al mismo tiempo presionar al Congreso y a la Corte Constitucional, a las que acusa de bloquear sus reformas.

Analistas señalan que el objetivo inmediato no es aprobar la Constituyente, sino llegar a las elecciones de 2026 con un discurso de transformación institucional y con un bloque legislativo lo suficientemente amplio para revivir la idea en el próximo gobierno.

“Más que una propuesta, es una bandera de movilización electoral”, señala un informe del equipo de análisis político de SEC Newgate Colombia, que proyecta que el Pacto Histórico buscará alcanzar al menos 30 curules en el Senado para tener margen de maniobra en un eventual segundo intento.

Aunque el debate sobre la Constituyente toca un nervio sensible: la posibilidad de habilitar la reelección presidencial en 2030, el campo para llevar a cabo la restructuración de la Constitución es muy difícil.

En resumen, para que la Constituyente sea una realidad antes de 2026, el Gobierno tendría que lograr una mayoría en el Congreso, superar el examen de la Corte Constitucional y ganar un referendo popular, todo en menos de 12 meses.

En el contexto actual de alto desgaste político, fracturas dentro del Pacto Histórico y oposición institucional, esa ruta parece casi imposible.