El sector eléctrico colombiano registra una cartera que amenaza su funcionamiento, a cierre de octubre, las empresas acumulan saldos por recuperar por parte de subsidios, opción tarifaria y deuda oficial.
Al mismo tiempo hay nuevas reglas de juego para la remuneración de la comercialización de energía en Colombia, el Ministerio de Minas y Energía fijó un cambio que pretende beneficiar al usuario en el pago de su factura, pero continuaría apretando las empresas distribuidoras y comercializadoras.
La propuesta busca reducir el valor que las empresas reciben por vender la energía. En la práctica, eso significaría que un usuario de estrato 1 (el más vulnerable), que consume solo lo necesario para recibir subsidio, vería una reducción de unos $2.400 en su factura mensual.
No obstante, la reducción afectaría a las empresas, frente a ello, Valora Analitik habló con Juan Camilo Manzur, presidente de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), quien explicó el alcance de la medida.
¿Cómo interpreta la resolución propuesta por el Ministerio?
Lo que observamos es que se extiende el régimen transitorio especial para la región Caribe con el fin de evitar que la crisis en las empresas prestadoras de servicios se profundice.
Sin embargo, hay que esperar la reglamentación de la CREG, que según la resolución deberá expedirse dentro de los próximos 30 días. El tema de los comercializadores es especialmente crítico. Lo digo con claridad: en todo el país enfrentamos una situación financiera muy compleja.
¿A cuánto ascienden las deudas del sector?
A cierre de octubre tenemos saldos por recuperar por $6,2 billones, de los cuales $2,4 billones corresponden a subsidios, $1,3 billones a deuda oficial y $2,5 billones a la opción tarifaria. Casi el 40 % de esa cartera corresponde a Afinia, lo que muestra la gravedad de la situación.
De esos $6,2 billones, cerca del 70 % es deuda pública, tanto del orden nacional como territorial. Estamos profundamente preocupados por este panorama y, además, por dos normas adicionales que podrían agravar la crisis.
¿Cuáles son esas normas que generan preocupación?
La primera es un decreto del Gobierno Nacional que incrementa el anticipo de retefuente por concepto de renta. Recordemos que la retefuente es, por definición, un anticipo del impuesto de renta. Pero, por ejemplo, en el caso de Afinia —que es el más crítico— el pago anual pasaría de $100.000 millones a $200.000 millones, aun cuando la empresa no registra utilidades. Eso resulta completamente desproporcionado.
La segunda es esta nueva metodología que la CREG planea expedir para los comercializadores. Si se adopta en los términos actuales, sería una estocada final para el sector, especialmente para los más pequeños, porque reduce sus ingresos en cerca de $1 billón anual. En un periodo tarifario completo, eso equivaldría a una pérdida de $5 billones, lo que haría insostenible la financiación de los subsidios.
¿Qué impacto tendría esa medida para los usuarios?
Hemos hecho los cálculos y, en promedio, la reducción representaría apenas entre $2.400 y $2.500 mensuales en la factura de un usuario de estrato 1. Es decir, una disminución poco significativa para el hogar, pero devastadora para las empresas prestadoras del servicio.
¿Cómo se vería afectada la región Caribe?
En el caso de la región Caribe, si las empresas no pueden financiar los subsidios, las facturas de los usuarios de estratos 1 y 2 podrían incrementarse hasta en un 95 %, dado que solo se cubrirían con los aportes de los estratos 5, 6 y comerciales. El caso más crítico es el del Chocó, donde la mayoría de los usuarios pertenecen a los estratos 1, 2 y 3; allí, los incrementos podrían llegar hasta el 140 % en las facturas del estrato 1.
¿Qué llamado hacen frente a esta situación?
Hacemos un llamado respetuoso a la CREG para que analice con detenimiento el impacto de estas medidas. Además, advertimos que la resolución presenta problemas jurídicos, porque no respeta el debido proceso en la expedición de actos particulares para las empresas. Esto podría derivar en demandas, medidas cautelares y procesos judiciales de nulidad y restablecimiento de derechos, algo que no conviene a nadie.
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