El Gobierno Nacional, por medio del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, eliminó la exigencia de licencia de construcción en los programas de mejoramiento, construcción en sitio propio y autoconstrucción, bajo el modelo de “autogestión”.
“Establecer las condiciones especiales para autorizar la ejecución de intervenciones y la verificación del cumplimiento de las normas técnicas de construcción aplicables, en los casos en que se aplique el subsidio familiar de vivienda en las modalidades de mejoramiento de vivienda, vivienda progresiva o construcción en sitio propio, sin que sea necesario la expedición de licencia de construcción o acto de reconocimiento”, especifica el Decreto 1166 firmado el 4 de noviembre de 2025.
Este cambio fue rechazado por Sandra Forero, concejal de Bogotá y expresidenta de Camacol, quien afirmó que “desregula el principal instrumento de formalidad técnica en el sector vivienda y abre la puerta a una inversión pública sin garantías de seguridad ni control institucional”.
Además, aseguró que la decisión pone en riesgo la vida de las familias. “Eliminar la licencia de construcción en proyectos financiados con recursos públicos es un retroceso institucional. No hay seguridad jurídica, ni técnica, ni urbanística. Es una política que pone en riesgo la vida de las familias más vulnerables”.
En ese sentido, la nueva normativa permite que los proyectos se aprueben únicamente con una carta de responsabilidad firmada por un arquitecto o ingeniero y el registro ante los entes territoriales.
Aunque el decreto señala que el Ministerio implementará en los próximos seis meses una estrategia para capacitar y certificar a los profesionales, la norma entra en vigencia de inmediato, incluso sin esa capacitación.
Por otra parte, según Forero, basándose en el Plan Nacional de Desarrollo el Gobierno se comprometió a realizar 400.000 mejoramientos de vivienda, de los cuales se han entregado menos de 50.000.
Adicionalmente, expone que cada subsidio puede alcanzar hasta $31,3 millones, equivalentes a 22 salarios mínimos. En total, la meta representaría una inversión de $12,5 billones, sin que se requiera licencia de construcción.
“Este decreto desmantela la institucionalidad del sector vivienda. No se garantizan las normas técnicas, y lo más grave: ocurre en plena campaña electoral. Es el peor gasto fiscal y el mayor riesgo técnico, urbanístico y social para un país que tiene casi 5 millones de hogares en déficit habitacional”, concluyó Sandra Forero.
Para conocer el Decreto 1166 del 4 de noviembre de 2025, los interesados pueden descargarlo en el enlace.
