El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció una investigación tras la revelación de Noticias Caracol sobre una presunta infiltración de las disidencias de las Farc —al mando de alias Calarcá— en organismos del Estado, incluido el Ejército.
La denuncia, presentada por la Unidad Investigativa de ese medio, incluye testimonios de miembros del grupo armado ilegal y de fuentes oficiales que apuntan a una supuesta colaboración de uniformados con esa estructura criminal.
Según el reportaje, generales habrían servido como enlaces entre las disidencias y autoridades estatales. La investigación también señala que se habrían usado vehículos oficiales para movilizar integrantes del grupo armado y que desde el Estado se les habría entregado información clave que les permitió evadir operativos de la Fuerza Pública.
Los archivos secretos hallados en los dispositivos de alias Calarcá, jefe de las disidencias, contienen conversaciones con alias Iván Mordisco en las que este último asegura tener supuestas pruebas de financiación irregular de la campaña del presidente Gustavo Petro. En esos mismos intercambios se menciona a la vicepresidenta Francia Márquez.
Además, los documentos —chats, correos, cartas y fotografías— apuntan a una relación directa entre las disidencias y dos altos funcionarios del Estado, el general Juan Miguel Huertas, actual director del Comando de Personal del Ejército, y Wilmer Mejía, alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
La investigación señala que la Fiscalía tiene en su poder computadores, memorias y celulares incautados con toda esta información, pero no han avanzado en su análisis pese a la gravedad del contenido.
Los archivos incluyen un reporte de febrero de 2024 en el que se describe que el general Huertas —entonces fuera del Ejército pero con influencia en el Ministerio de Defensa y en inteligencia— habría propuesto a Calarcá crear una empresa de seguridad como fachada, operada “mitad y mitad”, que permitiría a los disidentes movilizarse en vehículos blindados, portar armas legalmente y recibir protección en sus desplazamientos.
También aparecen comunicaciones que vinculan a Wilmer Mejía, descrito por múltiples fuentes como “el verdadero poder” dentro de la DNI. Mejía, cercano al presidente Petro, habría tenido un rol en la remoción de oficiales de inteligencia no alineados con el Gobierno. Un documento señala que Huertas y Mejía planeaban viajar a Venezuela para indagar sobre la muerte de un guerrillero.
Finalmente, en otro aparte importante de los archivos de ‘Calarcá’ se encontraron documentos “que revelan la magnitud de la confrontación entre el jefe disidente ‘Iván Mordisco’ y el presidente Gustavo Petro, incluyendo la amenaza de ‘Mordisco’ de utilizar supuestas pruebas de acuerdos de campaña para «tumbar» al mandatario”.
La respuesta del ministro de Defensa
Tras la emisión del informe, el ministro Sánchez publicó un extenso comunicado en su cuenta de X, en el que afirmó haber tomado “atenta nota del delicado informe”.
El ministro ordenó una investigación “rigurosa” en coordinación con los organismos de inteligencia y anunció total colaboración con la Fiscalía General para esclarecer los hechos: “No dudaremos en tomar las decisiones que correspondan según concluyan las investigaciones”, afirmó.
Sánchez fue enfático en que ninguna conducta ilegal será tolerada dentro de la Fuerza Pública ni en las entidades del sector Defensa, incluyendo a uniformados activos, retirados, funcionarios públicos o particulares.
“La cooperación con criminales es una línea roja que jamás se cruzará”, aseguró.
“Calarcá” y “Mordisco”, objetivos de la Fuerza Pública
El jefe de la cartera de Defensa recordó que tanto alias Calarcá como alias Mordisco son considerados criminales peligrosos, con órdenes de captura vigentes por delitos como secuestro, reclutamiento de menores, extorsión, minería ilegal y narcotráfico.
Aunque Calarcá tiene su orden de captura suspendida en virtud de la Ley 2272 (Paz Total), el ministro aclaró que esto no significa un “salvoconducto para delinquir” y que, si es encontrado en flagrancia, la Fuerza Pública está obligada a capturarlo.
Sánchez reiteró que desde comienzos de año está habilitada la línea gratuita nacional 157 para denuncias contra la corrupción y actividades ilegales cometidas por funcionarios o particulares.
“La transparencia y la legitimidad seguirán guiando nuestro proceder institucional”, concluyó el ministro, subrayando que el objetivo del Estado es proteger a la población civil de cualquier acción delictiva de grupos armados ilegales.
