El Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró que la campaña presidencial del hoy primer mandatario Gustavo Petro superó los topes de financiación y recibió aportes indebidos.
Esto significa que la campaña gastó más dinero del que la ley permite. En Colombia, el Estado fija un límite máximo de gastos (publicidad, desplazamientos, actos públicos, logística, sedes, personal, etc.) que cada campaña puede realizar en primera y segunda vuelta.
Estos topes existen para garantizar equidad, evitar la captura de campañas por grandes financiadores y controlar el origen y destino de los recursos.
Cuando una campaña supera ese límite, incurre en una violación al régimen de financiación.
En segunda instancia un aporte indebido: es decir que entró plata de una fuente ilegal o irregular, es decir, fondos que la ley prohíbe recibir o que no cumplen los requisitos establecidos para la financiación electora, allí pueden entrar Entidades públicas, empresas extranjeras o personas con condenas o inhabilidades.
Los pagos no reportados por el equipo de Petro fueron de testigos electorales, donaciones de sindicatos, un crédito del Polo Democrático y propaganda electoral.
¿Qué consecuencias tiene esto para Petro?
Lo primero es que marcó un precedente, es la primera vez que una campaña presidencial es sancionada porque, aunque las campañas de Juan Manuel Santos e Iván Zuluaga recibieron dinero de Odebretch
La campaña de Zuluaga terminó en admisión de culpabilidad y proceso judicial aún en proceso, mientras que la campaña Santos no recibió sanción directa.
Petro no fue sancionado por el CNE (porque es competencia de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes investigarlo), este paso hará presión en la instancia acusadora.
Por otro lado, el que enfrenta problemas graves es su exgerente de campaña, Ricardo Roa, hoy presidente de la empresa más importante del país, Ecopetrol.
La continuidad de Roa en la petrolera se pone en entredicho porque la investigación seguirá andando por fraude procesal en la Fiscalía General de la Nación.
En la sentencia se lee: “Ricardo Roa Barragán, en su calidad de gerente de la campaña presidencial de la Coalición Pacto Histórico que restituya de manera indexada al Fondo Nacional De Financiación Política la suma $150 millones, (…), así como de la compulsa de copias a la Fiscalía General De La Nación por el presunto fraude procesal, al haber hecho incurrir a la administración en error”.
¿Qué puede hacer Petro?
Una última vida le queda al presidente, todavía puede interponer un recurso de reposición ante el CNE pidiendo que revalúe el fallo. En caso de que esa decisión sea adversa, luego podrá pedirle al Consejo de Estado, que es la máxima autoridad administrativa del país, que revise el fallo. Esa autoridad podrá confirmar o anular la decisión, por lo que tendrá la palabra definitiva sobre la sanción.
