La reforma tributaria sigue su trámite en el Congreso de Colombia. El proyecto va por $16,3 billones, con la finalidad de que el Presupuesto de 2026 quede en $546,9 billones. Algunos de los principales gremios energéticos del país señalaron que uno de los puntos con mayor impacto es el impuesto al carbono.
La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones de Colombia (Andesco) expresó que los tributos propuestos afectarían el bolsillo de la población, particularmente para el sector industrial y comercial si se aplica el impuesto al carbono.
El gremio hizo referencia a que esta medida sería la más lesiva. Este tributo propone un alza de $42.609 por tonelada de carbono equivalente en 2026 (la actual es de $27.399).
El impuesto aplicado al carbón se haría de forma gradual, y en 2029 se aplicaría de manera plena, así lo explicó Clara Inés Ramírez, exsubdirectora de fiscalización internacional de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

“El impuesto al carbono es el más complicado. Eso va a influir fundamentalmente en el gas y en otros sectores. Esta reforma no se requiere y no se puede decir que va a haber un default si el proyecto no pasa”, dijo el presidente de Andesco, Camilo Sánchez.
Para él, el impuesto al carbono incrementará las tarifas en gas y por ende, al segmento eléctrico. Pero recalcó que esto solo involucraría al sector comercial e industrial, y al mismo tiempo a la energía que tiene que ver con la generación térmica; es decir, la que produce electricidad quemando combustibles como el carbón.
Luego expresó que no debe haber impuestos para ningún vehículo que sea híbrido o que funcione a gas, con la finalidad de incentivar una “transformación ambiental”. A lo que añadió que estos tributos recogerían mínimos recursos, pero ocasionando un grave efecto.
¿Qué dicen las térmicas?
El presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), Alejandro Castañeda, manifestó que es un “mal proyecto de ley”. Lo anterior lo afirmó a causa de que carga con más impuestos a este mercado y aumenta la renta en sectores que son proveedores de las generadoras. Según lo manifestó: “el proyecto debe hundirse”.
“Este Gobierno cambió la forma en cómo se cobraba el dióxido de carbono y aumentó el impuesto en 2022. Eso generó efectos al mercado eléctrico, tanto en contratos como en los precios de bolsa. Al final del día se traduce en mayores precios, mayor valor de los contratos y el usuario final será el afectado”, agregó.

Para él, no es sensata la discusión de cambiar las reglas de juego en materia tributaria con un gobierno saliente, adicionando que el problema en las finanzas públicas no es el financiamiento sino el gasto.
“El presupuesto crece $21 billones en gastos, el endeudamiento está disparado en $160 billones de un año a otro; eso no es coherente con el nivel de crecimiento que tiene la economía, y es básicamente, levantar las piedras para saber en dónde se van a encontrar los recursos”, enfatizó Castañeda.
¿Cómo impacta la reforma a los hidrocarburos?
Frank Pearl, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP), expresó que el proyecto reduce la competitividad y viabilidad de campos marginales y crudos pesados.
La primera medida que destacó fue el impuesto especial a la extracción de hidrocarburos y carbón, que es equivalente a 1 % sobre el valor FOB (Free On Board) en exportaciones y valor de facturas para ventas nacionales.
“La carga se incrementa sustancialmente ya que se sumaría a la sobretasa existente que puede ser de hasta 15 % y se gravaría aún si las empresas generan pérdidas. Esto no tiene ningún sentido económico”, expresó.

También mencionó el alza del impuesto a los dividendos para sociedades extranjeras, que sería de 20 % a 30 %. El dirigente gremial destacó que, con este tipo de medidas, el ‘government Take’ para nuevos proyectos superaría 80 %, lo que “sacaría a Colombia del mapa de la competitividad regional”.
“La tasa efectiva de tributación de las compañías, sin incluir los aportes adicionales que realiza la industria en regalías, derechos económicos, contribuciones parafiscales y otros impuestos, se ubicaría entre 55 % y 65 % (impuesto de renta más impuesto a dividendos), frente a 35 % en otras actividades económicas. Esto equivale a una carga tributaria entre 56 % y 86 % superior que el promedio del resto de los sectores productivos”, adicionó Pearl.
Para él, lo que se requiere es un marco tributario estable, competitivo y predecible, con la finalidad de atraer inversión y consolidar al mercado energético como motor de la economía.
¿Qué piensan otros actores?
Jorge Yepes, vicepresidente de regulación de Empresas Públicas de Medellín (EPM), dijo que el proyecto no tiene un impacto directo sobre el mercado en donde se mueve la compañía. Pero afirmó que producto de la anterior reforma tributaria, hubo una sobretasa para la actividad de generación de energía, pese a que este no es el negocio central de la empresa.
“La excesiva tributación genera una aversión a la inversión. En nuestro sector, donde hay tantas dificultades en el tema de generación eléctrica, esto puede incidir en que no haya una llegada de los capitales que se requieren para avanzar en la transición energética y en el cubrimiento de la demanda de energía”, determinó.
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La posición del Gobierno
Sin embargo, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, ha dicho en múltiples ocasiones que esta ley de financiamiento pretende cubrir un presupuesto que es altamente inflexible, y que además busca generar incentivos para la transición energética y aplicar la progresividad en las finanzas públicas, es decir, que quienes tengan más, paguen más.
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