El gremio asegurador Fasecolda y Asofondos —que agrupa a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP)— alertaron sobre el proyecto de decreto con el que el Gobierno busca cambiar las reglas de juego para el pago de pensiones en Colombia.
Así como lo reveló en primicia Valora Analitik semanas atrás, la nueva reglamentación comprometería la cobertura del seguro previsional frente a los riesgos de invalidez y sobrevivencia, dejando sin protección a millones de trabajadores y pensionados.
La medida modificaría las reglas del llamado “deslizamiento del salario mínimo”, mecanismo que garantiza que las pensiones de la población más vulnerable crezcan a la par del salario mínimo cada año.
Las pensiones de invalidez y sobrevivencia también estarían comprometidas porque su principal fuente de financiación, el seguro previsional, no sería viable, afectando el acceso a las pensiones de cerca de 20 millones de afiliados al Régimen de Ahorro individual (RAIS).
Los efectos en cifras
Según estimaciones, de materializarse dicho decreto, el cambio propuesto llevaría a que las personas aporten cerca de un 30 % más al sistema para poder acceder a una pensión a través de una renta vitalicia.
Por esa razón, según los gremios, menos colombianos lograrían pensionarse y muchos de los que lo logren tendrían pensiones más bajas.
“Con esta medida del Gobierno, las personas tendrían mayor dificultad para acceder a una pensión mínima vitalicia, es decir, menos trabajadores podrían gozar de una pensión de por vida”, explicó Gustavo Morales, presidente de Fasecolda.
Afectación para los trabajadores
En la actualidad, miles de personas que no cumplen el requisito de semanas, pero sí cuentan con un capital suficiente, logran pensionarse por esta vía.
“Con el proyecto de decreto el acceso a la pensión se dificultaría porque el capital exigido para acceder al a prestación sería mucho más alto, dejándolas desprotegidas”, manifestaron los dirigentes gremiales.
En los casos de invalidez o muerte la medida propuesta también encarecería el costo del seguro previsional con el que se garantiza una pensión a quienes sufren estas contingencias. “Sino hay quien ofrezca este seguro por el alto aumento en los costos, millones de afiliados quedarían desprotegidos en momentos de mayor vulnerabilidad”, dijo Andrés Velasco, presidente de Asofondos.
El impacto sería diverso: para los pensionados de vejez se requeriría un mayor ahorro para poder acceder a la pensión y para los pensionados de invalidez y sobrevivencia se vería comprometida la protección que hoy brinda el seguro previsional, pues su aseguramiento dejaría de ser viable.
“La iniciativa constituye una medida regresiva ya que reduce el nivel de protección actualmente garantizado a los afiliados y pensionados”, aseguraron los gremios.
Efectos sobre las finanzas de la Nación
Constitucionalmente, el Estado debe garantizar las pensiones de invalidez y sobrevivencia.
Si el decreto hace inviable el aseguramiento previsional, la Nación tendría que hacerse cargo de las pensiones de aquellas personas que queden en condición de invalidez, así como de las viudas y huérfanos de quienes mueran antes de la edad de pensión.
“Además de afectar a los trabajadores, con este decreto la Nación tendría mayores obligaciones financieras. Estos recursos podrían fortalecer programas solidarios como el de Colombia Mayor, u otras necesidades”, explicó Andrés Velasco, presidente de Asofondos.
Si bien el decreto puede darle un alivio fiscal al Gobierno en el muy corto plazo, también generaría una presión financiera sobre la Nación que surge de hacerse cargo de las pensiones y una obligación de $2 billones, en promedio, en los primeros 10 años.
Los representantes solicitaron al Gobierno Nacional, que existan espacios técnicos para discutir las implicaciones del proyecto de decreto y mitigar sus efectos negativos sobre las pensiones de los trabajadores y su aseguramiento.
