El Ministerio de Hacienda aprobó los recursos que permitirán a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) cumplir con sus obligaciones para el proyecto Canal del Dique.
El acto administrativo autorizó el presupuesto de gastos para la vigencia fiscal del próximo año y asignó $74.120 millones al proyecto de Restauración de los ecosistemas degradados del Canal del Dique.
Estos recursos se desembolsarán como parte del pago correspondiente a la Unidad Funcional 0 (UF0) del contrato.
“El cumplimiento de las obligaciones contractuales ha sido una prioridad. Por eso gestionamos ante el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda la garantía de estos recursos para 2025”, afirmó Óscar Torres, presidente de la ANI.
Actualmente, el proyecto adelanta las actividades requeridas para avanzar hacia su fase constructiva, incluido el estudio de impacto ambiental solicitado por la ANLA, que será presentado en el primer semestre de 2026.
La ejecución del proyecto está a cargo de la concesión Ecosistemas del Dique (de la española Sacyr) que, en conjunto con el equipo de la ANI y la interventoría, presentó la propuesta de consultoría para la elaboración del EIA, cuyo valor asciende a $63.767 millones.
Este estudio es un requisito fundamental para la obtención de la licencia ambiental definitiva por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Se prevé que el informe sea entregado durante el primer semestre de 2026.
El proyecto tiene una zona de influencia de aproximadamente 435.000 hectáreas, que abarca tanto áreas continentales como marinas. La intervención se extenderá a lo largo de 115 kilómetros, entre el municipio de Calamar y la Bahía de Cartagena, en el departamento de Bolívar.
¿Cuáles serán las obras más destacadas del Canal del Dique?
Entre las principales obras contempladas se encuentra la construcción de dos complejos hidráulicos, uno en Calamar y otro en Puerto Badel.
Estas infraestructuras incluirán esclusas y compuertas que permitirán controlar el caudal del agua, reducir la intrusión salina, mitigar la erosión de las orillas y manejar los niveles de sedimentación que afectan a las bahías de Cartagena y Barbacoas. Estas acciones buscan preservar los ecosistemas que dependen del equilibrio hídrico del canal.
En paralelo, bajo la coordinación del Ministerio de Transporte, se desarrollan actividades permanentes de operación y conservación del canal. Estas labores incluyen dragados de mantenimiento, monitoreo constante del sistema de diques y aplicación de protocolos de gestión del riesgo orientados a proteger a las comunidades ribereñas.
El proyecto busca impactar positivamente a cerca de 1,5 millones de habitantes en 19 municipios de los departamentos de Atlántico, Bolívar y Sucre. Por su alcance territorial y ambiental, esta iniciativa se proyecta como una de las más relevantes en materia de restauración ecológica en Colombia.
