El decreto con el que el presidente Gustavo Petro fijó un aumento del 23 % en el salario mínimo para 2026 podría ser objeto de demandas ante la jurisdicción contencioso-administrativa, a la luz de precedentes del Consejo de Estado y de las críticas de expertos en derecho y economía.
El economista y rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo, recordó que ya existe un antecedente judicial en el que el alto tribunal exhortó al Gobierno a motivar con suficiencia y precisión los decretos de incremento salarial cuando no hay acuerdo en la Comisión de Concertación.
En su cuenta de X, Restrepo llamó a demandar el decreto: “A demandarlo en beneficio del 90 % de los colombianos que se verán afectados por la medida”, y citó la decisión del Consejo de Estado de 2017, en la que se analizó un decreto expedido durante el Gobierno de Juan Manuel Santos.
El precedente
En esa oportunidad, la Sección Segunda del Consejo de Estado declaró la nulidad del Decreto 2552 de 2015, mediante el cual el Ejecutivo fijó un aumento del 7 % del salario mínimo para 2016. Aunque la decisión no tuvo efectos retroactivos sobre salarios, tributos o pagos ya realizados, el tribunal dejó un mensaje claro: cuando el Gobierno decreta el salario mínimo, debe explicar de manera detallada los motivos técnicos que sustentan el incremento.
Según la sentencia, el Ejecutivo incumplió el deber de motivación adecuada al no explicar con claridad la incidencia de variables clave como inflación, productividad, contribución de los salarios al ingreso nacional y empleo, factores exigidos por la ley para el cálculo del ajuste anual.
Con base en ese antecedente, algunos expertos consideran que el decreto firmado por el presidente Petro podría ser demandado, si se demuestra una insuficiencia en la motivación técnica del aumento del 23 %.
Riesgo jurídico y advertencias económicas
Para Julián Quintana, doctor en derecho y exdirector nacional del CTI, el decreto es susceptible de ser anulado por los jueces. A su juicio, la ley no solo permite, sino que exige que el aumento del salario mínimo tenga en cuenta inflación, productividad y empleo.
“Cuando se ignoran estos factores, se produce más inflación, quiebran pequeñas y medianas empresas y se afecta el empleo formal”, señaló.
No obstante, otros expertos llaman a la cautela. La abogada y aspirante al Senado por el Centro Democrático, Carolina Restrepo Cañavera, sostuvo que, aunque el aumento puede ser cuestionado desde el punto de vista económico, sí hubo motivación formal suficiente desde el derecho administrativo.
“El decreto vino acompañado de estudios del DANE y referencias a inflación, productividad y PIB. Uno podrá criticar la calidad de los fundamentos, pero no se puede decir que el Gobierno omitió el procedimiento legal. Eso hace toda la diferencia”, explicó.
Restrepo subrayó que cualquier ciudadano puede presentar una demanda de nulidad, pero advirtió que demandar sin un sustento jurídico sólido puede resultar contraproducente. “Si el Consejo de Estado concluye que el Gobierno cumplió los requisitos legales, el decreto quedará blindado y el Ejecutivo podrá decir que su aumento fue ratificado por la justicia”, señaló.
Finalmente, insistió en que este no es un debate menor: “El populismo no se combate con torpeza técnica ni con arrebatos emocionales. Se combate con cabeza fría, solidez jurídica y argumentos que resistan el control judicial”.
