La industria energética en Colombia prendió sus alertas con un riesgoso decreto del presidente Gustavo Petro que pone en jaque el futuro del sector, a tal punto que lo calificaron como una expropiación.
Se trata de dos medidas excepcionales para enfrentar la crisis financiera y de liquidez en el sector eléctrico, especialmente en la región Caribe, y que obliga a las empresas generadoras a pagar dos nuevos impuestos, uno en dinero y otro en especie.
El primero impone el pago de un tributo del 2,5 % sobre la utilidad antes de impuestos obtenida durante el año pasado, cuyo destino será el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos para financiar “la intervención de empresas en crisis”.
El segundo, por su parte, incluye una “contraprestación tributaria en especie”, que obliga a las compañías generadoras a entregar el 12 % de la energía que vendan en bolsa durante 2026 a “empresas intervenidas”. Posteriormente, parte de ese valor se podrá descontar del impuesto de renta.
¿Por qué el riesgoso decreto de Petro pone en jaque el futuro de la energía en Colombia?
Los impuestos cayeron como un baldado de agua fría para el sector de energía, el cual prevé “incertidumbre sobre cómo se tomarán las decisiones” en el futuro e incluso proyecta un freno de inversiones para el mercado local.
Así lo dijo Acolgen en un comunicado de prensa, en el cual también calificó las decisiones como “una forma de expropiación” de parte del Gobierno Nacional.
Eso sí, fuentes del sector que hablaron con Valora Analitik y pidieron no ser citaron fueron más allá. Señalaron que el decreto los tomó por sorpresa, al tiempo que indicaron que sus efectos traerían graves consecuencias para el país.
De acuerdo con estas fuentes, el riesgoso decreto de Petro que pone en jaque el futuro de la energía en Colombia “desalienta el interés de los inversionistas de participar en la nueva subasta que el Gobierno ha anunciado para las próximas semanas”.
Además, señalan que este “es un sector que requiere estabilidad jurídica a largo plazo y durante este Gobierno ha tenido continuos cambios impositivos y múltiples intentos de intervención estatal en el mercado, lo que ha significado un deterioro en la confianza inversionista”.
Así mismo, critican que este sea un salvavidas hecho a la medida para salvar a la empresa Air-e, que opera en la costa Caribe, pese a que completa más de dos años intervenida y bajo control del propio Ejecutivo.
¿Nuevos impuestos son ilegales o inconstitucionales?
Justamente por este último punto, la visión del sector energético apunta a que el decreto expedido no puede ampararse en la emergencia económica.
“El problema raíz de la ‘empresa intervenida’ no es nuevo ni imprevisible, tal como lo señalan los requisitos para declarar la emergencia económica. De hecho, la empresa tiene una situación estructural que viene desde hace varios años y se ha agravado bajo la administración del mismo gobierno”, afirman.
Como si fuera poco, para las empresas del sector se están aplicando cargas fiscales permanentes sin pasar por el Congreso, “lo cual es condición fundamental para la creación de nuevos impuestos”.
Incluso, señalan que se trata de una expropiación disfrazada, ya que obliga a las empresas a entregar el 12 % de la energía vendida en bolsa a precios controlados por el Estado.
En su concepto, esto “afecta el derecho de propiedad y la libertad de empresa, al imponer una carga económica forzosa en especie, sin base legal alguna, usurpando las funciones del Congreso y atentando contra los principios de libertad económica y neutralidad del mercado”.
Las medidas tomadas por el Gobierno Nacional buscan, en palabras del Ministerio de Minas y Energía, “blindar el sistema eléctrico y evitar una crisis nacional”. Sin embargo, las dudas generadas por el sector privado buscarán ser resueltas en mesas de trabajo que realizará la Procuraduría General de la Nación.
