En una alocución pública, el presidente Gustavo Petro señaló directamente a Laura Sarabia, hoy embajadora de Colombia ante el Reino Unido y quien fue su mano derecha durante más de dos años, como la funcionaria que llevó a la Superintendencia de Salud las hojas de vida de interventores que luego quedaron vinculados a un entramado de corrupción.
Durante su intervención, el presidente Petro aseguró que había dado instrucciones expresas para que los interventores del sistema de salud fueran escogidos con criterios técnicos y sin interferencias políticas.
“Le dije a usted (Mauricio Leal, exsuperintendente), que por política no se mete un solo interventor, escoja usted los mejores. Y usted se dejó engañar y lo primero que hicieron fue entregarle unas hojas de vida, que yo no puse, pero dijeron que era yo, Laura, y eso fue un engaño”, afirmó el mandatario.
Según Petro, esos perfiles terminaron vinculados a presuntas irregularidades en la administración de recursos del sistema de salud.
Luego de las declaraciones, la defensa de Sarabia solicitó formalmente a la Fiscalía recaudar pruebas clave y recibir declaración jurada del propio mandatario. Una solicitud que sorprende que la embajadora le pida a su superior, el presidente de Colombia.
El entramado revelado y el rol de la Superintendencia
Las declaraciones del presidente se producen en medio de una investigación revelada por La W, que destapó un supuesto entramado de corrupción con dineros públicos del sector salud. De acuerdo con esa investigación, se habrían realizado pagos excesivos y anticipados desde la EPS Coosalud a un grupo reducido de IPS privadas, beneficiadas de manera irregular.
Estas irregularidades fueron denunciadas inicialmente por el entonces superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, quien alertó sobre el manejo de los recursos y el papel de los interventores designados.
En el entramado aparecen mencionados varios funcionarios públicos, entre ellos John Mauricio Marín, exdirector de la Fiduprevisora, y Laura Sarabia, hoy embajadora en el Reino Unido, señalada como parte del grupo político que —según la investigación— habría protegido la estructura que operaba alrededor de Coosalud.
La investigación periodística sostiene que, cuando Sarabia se desempeñaba como jefa de gabinete y figura clave del círculo presidencial, habría tenido un papel determinante en la salida de Luis Carlos Leal, justo cuando el entonces superintendente comenzó a denunciar públicamente las presuntas irregularidades.
La respuesta jurídica de Sarabia
En paralelo a las declaraciones del presidente, la apoderada de Laura Sarabia envió una comunicación a la Fiscalía solicitando nuevas actuaciones dentro del proceso. En el documento, la defensa pide asegurar grabaciones de cámaras de seguridad del despacho presidencial y que se reciba declaración jurada del presidente Petro, con el fin de establecer quién suministró información falsa sobre la designación de interventores.
La defensa sostiene que en el expediente se han identificado patrones de desinformación en contra de Sarabia y anexó pruebas documentales y mensajes que, según su versión, demostrarían que ella no estaba autorizada para impartir instrucciones en nombre del Gobierno.
