Ante la reciente determinación de la Corte Constitucional de suspender provisionalmente las medidas del decreto de emergencia económica, el viceministro Técnico de Hacienda, Leonardo Pazos, anunció en el programa El Calentao Informativo de Señal Colombia que el Ejecutivo insistirá en buscar recursos por la vía legislativa.
“Hay que volver a presentar leyes de financiamiento, leyes ordinarias tributarias. Vamos a hacerlo, todo lo que podamos hacer lo hacemos”, enfatizó el funcionario, aludiendo a la necesidad de recuperar el recaudo que ha quedado frenado por el alto tribunal.
La decisión de la Corte ha dejado en suspenso medidas con las que el Gobierno Nacional pretendía recaudar aproximadamente $11 billones para el año 2026 vía nuevos impuestos.
Entre los tributos congelados se encuentran el incremento del IVA a licores y juegos de azar, el nuevo impuesto al patrimonio, la sobretasa al sector financiero y la no deducibilidad de regalías para empresas petroleras y mineras.
Pazos señaló que la administración de Gustavo Petro se ha quedado sin margen de maniobra técnica: “El Gobierno ha agotado todas las vías ordinarias, por eso era importante esta emergencia porque ya no existe otra manera de obtener recursos corrientes que son los tributarios”.
Según el viceministro, la normativa actual es clara al indicar que, ante la falta de una ley de financiamiento, el paso a seguir es inevitable: “Lo que ahora existe es un recorte, el recorte de los $16,3 billones que nos dice la norma”.
Consecuencias de la desfinanciación
El funcionario advirtió sobre el impacto social de este vacío fiscal, señalando que el Gobierno se verá forzado a priorizar gastos, lo que implica que “tiene que dejar descubiertos muchos derechos y muchas obligaciones”.
Esta situación, según sus palabras, “pondrá una situación a nivel nacional pues muy angustiante”.
Como ejemplos mencionó la crisis energética, debido a la cual cerca de cinco millones de personas en tres departamentos de la costa Caribe podrían quedarse sin suministro eléctrico al perderse las medidas de alivio contempladas.
También señaló que la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD) carece actualmente de fondos para atender a los damnificados por la ola invernal en los territorios.
Incluso anticipó que se retrasarán por años las soluciones a problemas históricos de la población, ya que el Estado no puede suministrar los bienes y garantías de derechos humanos necesarios.
Finalmente, el viceministro comparó el actuar actual de la Corte Constitucional con magistraturas anteriores que protegían derechos fundamentales en situaciones críticas y lamentó que, en el contexto actual, las medidas se suspendan protegiendo otros intereses y concluyó que, con esta decisión, según el funcionario, la Corte le da la espalda a la población más vulnerable.
—
