La decisión del gobierno de Gustavo Petro de quitarle recursos al Canal del Dique dejó a Colombia con un riesgo alto de recibir una nueva billonaria demanda y con la posibilidad de perder este megaproyecto clave para la recuperación ambiental.
La medida fue tomada por el Ministerio de Hacienda, que recortó más de $600.000 millones del presupuesto de esta iniciativa para 2026.
Y aunque la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, dijo la semana pasada en 6AM W que “nunca ha habido una decisión unilateral de hacer un ajuste en la programación de vigencias futuras”, fuentes del sector le confirmaron a Valora Analitik que la decisión sí se tomó y no fue consultada con el concesionario, a cargo de la española Sacyr.
Posible impacto de la decisión de Petro de quitarle recursos al Canal del Dique
De hecho, la persona con conocimiento del tema le dijo a este medio que la movida fue ilegal e, incluso, podría poner a los funcionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) a responder con sus patrimonios personales.
“En este momento, el contrato no tiene la plata”, aseguró la fuente en referencia a que no se han girado los recursos que deben entregarse cada año por compromiso de la Nación.
Y aunque se trata de recursos que solo se usarán a futuro, cuando comience la fase de construcción del Canal del Dique, es clave para que los contratistas busquen una financiación con inversionistas locales y/o internacionales.
En ese sentido, otras fuentes anotaron que una reprogramación de las vigencias futuras es viable, pero debe ser acordada con los empresarios.
Incluso, hace unos días, la Contraloría alertó que cambiar las condiciones “amenaza con materializar los riesgos fiscales”, sobre todo porque esta modificación no se hizo de manera consensuada con el concesionario, pese a lo dicho la semana pasada por la ministra Rojas.
Con esto en mente, la fuente que habló con este medio anotó que el concesionario podría demandar un presunto incumplimiento contractual, tal y como se prevé que suceda en caso de que no haya una modificación de parte del Ministerio de Hacienda en el corto plazo.
Licencia ambiental y avance de obras
De forma paralela, Sacyr avanza con la realización de los estudios de impacto ambiental para recibir una licencia de parte del Gobierno Nacional, en línea con la petición de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).
De acuerdo con el cronograma oficial, este plan debe culminar en octubre de este año, pero luego deberá ser revisado por el Ejecutivo. Una vez se dé luz verde, la fase de construcción del Canal del Dique podrá comenzar.
Entre las principales obras contempladas se encuentra la construcción de dos complejos hidráulicos, uno en Calamar y otro en Puerto Badel.
Estas infraestructuras incluirán esclusas y compuertas que permitirán controlar el caudal del agua, reducir la intrusión salina, mitigar la erosión de las orillas y manejar los niveles de sedimentación que afectan a las bahías de Cartagena y Barbacoas. Estas acciones buscan preservar los ecosistemas que dependen del equilibrio hídrico del canal.
En paralelo, la compañía viene desarrollando actividades permanentes de operación y conservación del canal, las cuales incluyen dragados de mantenimiento, monitoreo constante del sistema de diques y aplicación de protocolos de gestión del riesgo orientados a proteger a las comunidades ribereñas.
