Desde hace varias semanas, el presidente Gustavo Petro ha intensificado sus cuestionamientos al sistema electoral colombiano a través de redes sociales, las cuales no han pasado inadvertidas en los organismos de control, que interpretan el tono como una deslegitimación anticipada del proceso de 2026.
En respuesta, los tres frentes del sistema de vigilancia institucional —la Registraduría, la Contraloría y la Procuraduría — activaron su defensa.
Por ello, al despacho del procurador llegó este miércoles el ministro del Interior, Armando Benedetti junto a representantes de la Policía y el Ejército, con el propósito de despejar dudas sobre garantías y seguridad electoral y llevar los comentarios de Petro.
El nuevo frente: actas, software y privados
El más reciente choque gira en torno a la posibilidad —planteada por el presidente— de que se configure fraude al dejar en blanco casillas sin votos en los formularios E-14, así como por el papel de los softwares que intervienen en el preconteo y el escrutinio. También ha puesto bajo la lupa a las firmas privadas contratadas por el Estado para apoyar la logística electoral.
En el centro de la controversia vuelve a aparecer Thomas Greg & Sons. La empresa, que estuvo a cargo del contrato de pasaportes hasta su salida por decisión del Gobierno, es señalada por el mandatario como presunta responsable de irregularidades en comicios anteriores. Actualmente participa en la transmisión de datos electorales, es decir, en el flujo de información que jurados y testigos reportan al cierre de la jornada.
Las reiteradas alusiones a un supuesto fraude provocaron una respuesta directa del registrador nacional, Hernán Penagos. En un evento público lanzó un mensaje que fue leído como un límite institucional: “Nadie le va a decir a la Registraduría cómo hacer las elecciones”.
Plaza de Bolívar y Constituyente
Lejos de bajar el tono, el presidente trasladó la controversia a la Plaza de Bolívar. Desde allí cuestionó a las instituciones y aseguró que resulta “ilógico” que se le critique por exigir transparencia. Incluso volvió a mencionar la necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente.
En medio del pulso, la Registraduría anunció que este miércoles abrirá el código fuente de los softwares de preconteo y escrutinio, en un intento por blindar el proceso frente a sospechas. El partido de gobierno, Pacto Histórico, solicitó además acceso técnico al código, auditorías nacionales e internacionales y detalles sobre quiénes administran las bases de datos.
Coordinación judicial y reacción política
Mientras el debate escala en lo público, la Registraduría ha optado por reforzar la coordinación institucional. Penagos sostuvo un encuentro con el vicefiscal general, Gilberto Javier Guerrero Díaz, para establecer rutas de intercambio de información de cara a las elecciones legislativas y presidenciales. La idea, según la entidad, es anticipar riesgos y garantizar trazabilidad en eventuales investigaciones.
Desde la oposición, las críticas no se hicieron esperar. El presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, calificó de “inaceptable” la descalificación del mandatario a la organización electoral. A su juicio, las declaraciones evidencian “desprecio por la separación de poderes” y anticipan una narrativa de fraude como explicación de una eventual derrota.
Aliadas, también se pronunció: “Respaldamos con firmeza la institucionalidad electoral de Colombia. Ante señalamientos sin sustento contra la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral, recordamos algo esencial: cuestionar al árbitro sin pruebas erosiona la confianza ciudadana, dificulta la aceptación de los resultados y abre la puerta a la zozobra e incertidumbre sobre el futuro del país”.
