El abogado Julio César Yepes radicó dos comunicaciones formales exigiendo el cumplimiento inmediato de la sentencia del Consejo de Estado, que tumbó el nombramiento de Jorge Carrillo en ISA.
La providencia determinó que la Junta Directiva de la empresa modificó sin justificación la matriz de selección de candidatos, desatendió las recomendaciones de la firma cazatalentos Korn Ferry respecto del candidato finalmente favorecido, y transgredió el principio constitucional de la moralidad administrativa.
La sentencia ordenó la salida retomar el proceso de selección en el estado en que se encontraba entre el 5 y el 11 de enero de 2024.
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Sin convocatoria de Junta ni terminación de contrato
A pesar de esto, Yepes señala en sus comunicaciones que ni el presidente de ISA ni el presidente de la Junta Directiva convocaron por iniciativa propia a una reunión extraordinaria para adoptar medidas de cumplimiento del fallo.
La reunión del viernes 27 de febrero, según el abogado, solo ocurrió a solicitud de algunos miembros del directorio.
Como resultado, ISA anunció la suspensión del contrato de trabajo de Carrillo Cardoso, decisión que el accionista cuestiona: “si el acto de elección fue declarado nulo y desapareció del ordenamiento jurídico, el contrato derivado de ese acto tampoco tiene existencia legal y no puede simplemente suspenderse.
En la carta dirigida al procurador general, Gregorio Eljach, el también accionista invoca el artículo 277 de la Constitución, que le asigna la función de vigilar el cumplimiento de las decisiones judiciales, y le solicita intervenir de forma urgente para que los órganos de dirección de ISA ejecuten la sentencia sin dilaciones.
El accionista advierte que los mismos miembros de la Junta que incurrieron en las irregularidades señaladas por el Consejo de Estado son quienes hoy, según él, abusan de su mayoría para suspender el contrato en lugar de terminarlo, y que permitir que esto se prolongue envía un mensaje ciudadano de que las decisiones judiciales no es necesario cumplirlas.
En la segunda comunicación, dirigida a Gabriel Melguizo, presidente encargado de ISA, Yepes le pregunta directamente si él, el presidente de la Junta, el presidente del Comité de Talento Organizacional o algún otro empleado de la compañía ha tomado alguna medida concreta para cumplir la orden judicial, y en caso afirmativo, cuáles y en qué momento.
Si no se ha hecho nada, le exige actuar de manera urgente para no continuar violando los estatutos sociales, el Código de Buen Gobierno Corporativo, el Código País y el principio de moralidad administrativa del artículo 209 de la Constitución.
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