El ELN inició un paro armado en Chocó que ya restringe la movilidad fluvial y agrava la crisis humanitaria en el Bajo Baudó.
Desde este miércoles 17 de marzo, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) puso en marcha el primer paro armado de 2026, concentrando nuevamente la presión en el departamento del Chocó. La acción, anunciada por el Frente de Guerra Occidental Ogli Padilla, mantiene confinadas a cerca de 6.000 personas en la subregión del Bajo Baudó.
La medida implica la restricción total de la movilidad en los ríos Docampadó, Ijuá y Orpúa, corredores clave para comunidades indígenas y afrodescendientes que dependen del transporte fluvial para abastecimiento, movilidad y actividades productivas.
Restricción total y control territorial
Según el comunicado del grupo armado, el paro busca frenar la expansión del Clan del Golfo en la zona. El ELN argumenta que la suspensión del transporte fluvial evitaría “accidentes”, al señalar que es difícil diferenciar entre embarcaciones civiles y presuntos integrantes de ese grupo.
Sin embargo, en terreno, la consecuencia inmediata es el aislamiento de comunidades enteras, en una región donde los ríos funcionan como las principales —y en muchos casos únicas— vías de conexión.
Escalada de violencia en el departamento
La gobernadora del Chocó, Nubia Córdoba, advirtió que el paro armado se suma a una serie de ataques recientes que evidencian un deterioro acelerado del orden público.
“Desde las 00:00 horas del día de hoy ha comenzado un nuevo constreñimiento ilegal anunciado por el ELN en el municipio de Bajo Baudó”, señaló la mandataria, quien confirmó que se instaló un consejo de seguridad con presencia de la Fuerza Pública y el Ministerio Público.
Córdoba también reveló que, un día antes del inicio del paro, el ELN atacó la estación de Policía de Santa Rita, cabecera municipal de Río Iró, mediante el uso de granadas lanzadas con drones. Este sería el tercer ataque consecutivo en esa zona, que se suma a hechos similares en municipios como San José del Palmar.
El nuevo paro armado revive un patrón recurrente en el Chocó: confinamientos masivos, interrupción del abastecimiento y presión directa sobre la población civil en medio de disputas entre grupos armados.
