En el marco de la Asamblea General de Accionistas de ISA, que se lleva a cabo este jueves 26 de marzo en Medellín, su presidente encargado, Gabriel Melguizo, aseguró que la compañía no ha invertido en Venezuela, pero mantiene el interés.
“Es claro que al cambiar la situación política en Venezuela hay un interés en gran parte del mundo en apoyar la reconstrucción de un país, y nosotros no somos ajenos a eso”, afirmó el presidente.
En esa misma línea, dejó claro que, para llegar a ese país, “es una decisión estratégica que tiene que pasar por la junta directiva, por su aprobación”.
Aunque dejó claro que la acción de invertir no se ha realizado, si abrió una puerta de posibilidades.
“ISA es la principal empresa eléctrica en Latinoamérica. Y nosotros como tal no podemos dejar de mirar con interés a Venezuela”, concluyó Melguizo sobre el tema.
Por otro lado, uno de los hechos que más llamó la atención al inicio de la asamblea, realizada en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, fue la “constancia por entorpecimiento al ejercicio del derecho de inspección” presentada por Julio César Yepes y César Benavidez, accionistas de ISA.
El documento alertó: “Dejamos expresa constancia de las múltiples conductas irregulares desplegadas por ISA a lo largo de dicho periodo, las cuales, de manera sistemática, entorpecieron, limitaron y menoscabaron el ejercicio efectivo de este derecho hasta el último día, en abierta contravención de las disposiciones legales aplicables y de los principios de transparencia y buen gobierno corporativo”.
Las irregularidades, según Yepes y Benavidez, se remiten a negativa de acceso a los documentos objeto del derecho de inspección, entrega tardía e incompleta de la información, respuestas evasivas, contradictorias y orientadas a restringir el acceso a la información, negativa de acceso a las actas de comités de Junta Directiva, entre otros aspectos.
Y aunque la Junta se defendió en el caso de la negativa de acceso a documentos, alegando que se debía a la protección de información, los accionistas advirtieron que las conductas descritas no constituyen hechos aislados, sino una práctica sistemática orientada a restringir el acceso a la información.
Lo que para ellos significa que están: “Desnaturalizando el derecho de inspección y vulnerando los principios de transparencia, legalidad y buen gobierno corporativo que tal como ocurrió en el año 2025, se presenta nuevamente para el año 2026”.
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