A pesar de que Colombia acumula años consecutivos de desbalance fiscal, por cuenta de un gasto público que supera por mucho los ingresos del Estado, la prioridad del Gobierno y del Congreso ha sido priorizar leyes que aumentan aún más las obligaciones financieras de la Nación.
Un análisis del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana advirtió que el año 2024 marcó un hito histórico al registrarse la sanción de leyes con el costo fiscal más alto de la historia reciente comprometiendo la sostenibilidad del Estado a largo plazo.
En 2024 se sancionaron en total 98 leyes en el país. De este grupo, el Ministerio de Hacienda identificó que 49 no generaron costos adicionales, pero 17 leyes tuvieron un impacto fiscal cuantificable, mientras que otras 32 implicaban gastos que no pudieron ser precisados por falta de información.
Fuente: Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana
El costo fiscal acumulado de las iniciativas con algún cálculo monetario alcanzó los $11,4 billones (a precios constantes de 2026), superando ampliamente los picos registrados en años anteriores como 2011 ($9 billones) o 2016 ($5,7 billones).
Según el centro de pensamiento, el promedio anual entre 2003 y 2010 fue de apenas $2,8 billones, lo que evidencia un crecimiento exponencial en las obligaciones dictadas por el legislativo.
Las leyes detrás del millonario incremento
Dentro del paquete legislativo aprobado, tres normas destacan por su alto impacto financiero, según los datos entregados por el Ministerio de Hacienda en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP).
En primer lugar, la Ley 2430 de 2024, que modifica la ley estatutaria de la administración de justicia, busca que la mayoría de los trámites y actuaciones judiciales se realicen a través de medios electrónicos para facilitar el acceso ciudadano y refuerza el uso de tecnologías de la información para garantizar la publicidad de las decisiones y la descongestión de los despachos. Esta tendría un costo permanente estimado en $4,9 billones anuales.
Por otra parte, la ley de vivienda al alcance de todos (2434 de 2024) busca reducir barreras para créditos hipotecarios y leasing para la compra de Vivienda de Interés Social (VIS) y Vivienda de Interés Prioritario (VIP) principalmente, con un impacto de $3,1 billones.
En tercer lugar, la Ley 2384 de 2024 incentiva derechos y deberes de quienes prestan el servicio militar obligatorio. Dado que esta norma eleva la bonificación mensual de los soldados al 50 % de un salario mínimo a un 100 %, representa un gasto de $1,7 billones.
Esto empujó las obligaciones del sector defensa a cerca de $55 billones el año pasado, un 11,1 % más que en 2024 ($49,08 billones), de acuerdo con el informe de cierre del Presupuesto General de la Nación (PGN).
El Ministerio de Hacienda subrayó en el MFMP que el 98,3 % de este impacto corresponde a gasto permanente, es decir, obligaciones estructurales que no desaparecen con el tiempo y deben financiarse recurrentemente en los presupuestos futuros.
El ejercicio del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana concluye que, en las últimas dos décadas, diferentes leyes han generado aumentos significativos del gasto público. La mayor parte del costo estimado corresponde a obligaciones de carácter estructural que se incorporan al presupuesto de manera recurrente.
Según el centro de pensamiento, entre las leyes aprobadas recientemente con mayor impacto fiscal se encuentran reformas institucionales que crean nuevos beneficios o incentivos para determinados grupos de la población. Y advirtió que, aunque muchas de estas iniciativas responden a objetivos legítimos de política pública, también generan rigideces adicionales en el presupuesto.
“Esto implica que las decisiones legislativas no solo tienen efectos en el corto plazo, sino que también incrementan las rigideces del gasto público y condicionan el espacio fiscal de los años siguientes”, señaló el informe.
El nudo de la inflexibilidad
Este aumento del gasto legislativo agrava un problema estructural de las finanzas colombianas: la inflexibilidad presupuestal.
De acuerdo con el MFMP, más del 85 % del gasto del Gobierno nacional es inflexible, determinado por normas constitucionales o legales que obligan a desembolsos fijos como el Sistema General de Participaciones (SGP), pensiones y el servicio de la deuda.
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) también señaló en su pronunciamiento más reciente que la rigidez del presupuesto quita grados de libertad a la política fiscal. De hecho, advirtió que el gasto en funcionamiento se ha distanciado de su tendencia histórica debido a las transferencias obligatorias, lo que dificulta cualquier intento de ajuste fiscal ante caídas en los ingresos.
El organismo fue enfático en que cada nueva ley que ordena gastos permanentes estrecha aún más el margen de maniobra del Estado, aumentando el riesgo de una senda de deuda insostenible.
“Es imprescindible que el Gobierno y el Congreso de la República, con participación de la sociedad civil, acuerden con urgencia reformas con efectos permanentes para aumentar los ingresos y/o reducir los gastos”, anotó.
Ante este escenario, surge la urgente necesidad de que Colombia ponga en funcionamiento una institución fiscal independiente que evalúe con rigor técnico el costo de cada proyecto de ley antes de su aprobación.
Aunque la Ley 1985 de 2019 creó la Oficina de Asistencia Técnica Presupuestal (OATP) para este fin, a la fecha no ha sido implementada. Contar con una oficina técnica, similar al Congressional Budget Office de Estados Unidos, permitiría un debate público más informado y evitaría la aprobación de normas que queden desfinanciadas.
Como señala el Observatorio Fiscal, el costo de operar una institución así (cerca de $3.000 millones anuales) es marginal frente a los $10 billones en gasto permanente que se autorizaron solo en un año sin un análisis de impacto independiente y vinculante.
