La gerente de la Imprenta Nacional, Viviana León, anunció el inicio de un plan para estatizar la producción y entrega de pasaportes en Colombia, la cual se desarrollará a través de una hoja de ruta proyectada a 10 años.
Este modelo de fabricación estatal consta de cuatro etapas progresivas diseñadas para nacionalizar gradualmente todo el proceso.
Este miércoles, 1 de abril, arrancó la primera etapa, centrada en la personalización de los documentos y la adecuación de la infraestructura necesaria.
Plan para estatizar la producción y entrega de pasaportes en Colombia
Esta fase se hará de la mano con el Gobierno de Portugal, que realizará parte de los trabajos, pero también será complementada por la empresa postal del Estado colombiano, 4-72, que quedará a cargo de la distribución de las libretas.
La segunda fase del plan integrará la capacidad de ensamblaje y la numeración de los pasaportes, con el objetivo de consolidar un control industrial a nivel local. Posteriormente, en la tercera, se avanzará hacia la impresión de componentes críticos del documento, tales como las páginas interiores y las contra carátulas.
El ciclo de fabricación se completará en la cuarta y última fase, en la cual se habilitará la producción total de las páginas de datos dentro del país, luego de que Portugal le entregue a Colombia todo el conocimiento y la tecnología necesaria para realizar los pasaportes a nivel local.
Según explicó León, este cronograma no es de ejecución inmediata, debido a que requiere un proceso complejo de transferencia de conocimiento y tecnología especializada.
En cuanto al marco de seguridad jurídica y financiera, la gerente señaló los retos enfrentados para asegurar la continuidad de este proceso ante diversos contratiempos.
A pesar de las dificultades iniciales para obtener coberturas integrales por parte de firmas privadas, la funcionaria confirmó que el proyecto ya cumple con todos los requisitos de ejecución exigidos.
Finalmente, León destacó que el proceso cuenta actualmente con el respaldo de pólizas de cumplimiento y de responsabilidad civil. Estas garantías financieras buscan proteger la operación estatal y asegurar que el cronograma de 10 años se cumpla sin interrupciones en el servicio a los ciudadanos.
