El nuevo esquema de expedición de pasaportes en Colombia enfrenta su primer gran obstáculo jurídico. La Procuraduría General de la Nación solicitó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspender de manera urgente los contratos que soportan el modelo, al advertir posibles irregularidades en su estructuración y ejecución.
La petición se da en paralelo al inicio de la implementación del sistema, que el Gobierno ha presentado como un cambio estructural en la producción de pasaportes. Sin embargo, el Ministerio Público sostiene que el proceso presenta vacíos en su justificación técnica y en la forma en que se realizó la contratación.
En concreto, la Procuraduría cuestiona los acuerdos firmados entre la Cancillería y la Imprenta Nacional de Colombia, así como el convenio suscrito por esta última con la Casa de la Moneda de Portugal. Según el ente de control, estos contratos habrían sido estructurados sin un estudio de mercado que respaldara la decisión de acudir a un esquema directo.
La advertencia llega en un momento clave, ya que la continuidad del modelo dependerá de la decisión que adopte el Tribunal, que deberá evaluar si existen elementos suficientes para frenar temporalmente la ejecución de los contratos mientras avanza el análisis de fondo.
Procuraduría cuestiona contratación directa y rol de la Imprenta Nacional
Uno de los principales argumentos de la Procuraduría es que la Casa de la Moneda de Portugal no cumpliría con los requisitos para ser considerada una entidad pública extranjera, lo que pondría en duda la legalidad del convenio interadministrativo utilizado como mecanismo de contratación.
De acuerdo con la entidad, este punto es clave porque el modelo permitió evitar un proceso competitivo abierto, en el que otros operadores del mercado con capacidad técnica podrían haber participado. En ese sentido, el organismo advierte que la figura utilizada “desnaturaliza” el esquema de contratación pública.
A esto se suma que, tras una visita preventiva realizada en agosto de 2025, la Procuraduría concluyó que la Imprenta Nacional no ejecutaría actividades sustanciales dentro del contrato. En la práctica, su rol se limitaría a la personalización de las libretas, mientras que el grueso del proceso quedaría en manos del proveedor internacional.
Este elemento es central en el análisis del ente de control, ya que refuerza la tesis de que la entidad colombiana estaría actuando como intermediaria y no como ejecutora directa, lo que modificaría la naturaleza del acuerdo.
La Procuraduría también advirtió sobre posibles inconsistencias en la aprobación de vigencias futuras, en la autorización del convenio y en la realización de pagos en moneda extranjera, aspectos que hacen parte del análisis que ahora deberá adelantar el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
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Según el documento presentado, cada día de ejecución del contrato podría dificultar una eventual reversión de las decisiones, lo que sustenta la solicitud de una medida cautelar urgente. En otras palabras, el ente de control busca evitar que el avance del proyecto limite la capacidad de la justicia para intervenir.
