En dos días, el próximo 21 de mayo, la corte canadiense decidirá sobre la solicitud de Canacol Energy, empresa que aporta el 7,5 % del suministro de gas en Colombia, para terminar unos contratos estratégicos.
La petición ha generado reacciones de las empresas afectadas, que además de alertar por el impacto en sus propios negocios, han puesto sobre la mesa los riesgos para el acceso de gas natural para los ciudadanos, así como para industrias específicas.
Como parte de la solicitud con la que la gasífera canadiense busca finalizar 19 acuerdos contractuales con 12 compañías, su co-CEO interino y CFO, Jason Bednar, entregó a la Corte de King’s Bench de Alberta, en Canadá un balance del estado actual de Canacol.
“La producción actual del Grupo Canacol es insuficiente para satisfacer las cantidades diarias firmes de gas y las cantidades diarias solicitadas y aceptadas requeridas bajo los contratos de suministro”, señaló Bednar en uno de los documentos judiciales.
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No hay capacidad financiera
La compañía aseguró además que no tiene capacidad financiera para ejecutar las inversiones necesarias que permitan recuperar producción y volver a cumplir las obligaciones de entrega comprometidas.
“Sin inversiones adicionales de capital para reanudar actividades de exploración e incrementar actividades de explotación (…) los vendedores de Canacol seguirán siendo incapaces de cumplir sus obligaciones de entrega bajo esos contratos”, añadió el ejecutivo.
También explicó que los recursos del financiamiento DIP —otorgado dentro del proceso de reorganización— no pueden ser usados para incrementar producción, ya que hacerlo implicaría incumplir las condiciones pactadas con los acreedores.
Según recoge el texto, la empresa enfrenta actualmente una exposición potencial cercana a US$380,4 millones por penalidades mensuales acumuladas, penalidades proyectadas y compensaciones asociadas a terminaciones anticipadas de contratos.
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El documento agrega que estas obligaciones exponen a la compañía al riesgo de “reclamaciones inmediatas y sustanciales” por daños no garantizados.
Presión por contratos con Promigas
Otro de los puntos centrales de los documentos tiene relación con los contratos de transporte de gas con Promigas y el esquema fiduciario asociado a dichos acuerdos.
Canacol explicó que, pese a la caída en producción, sigue obligada a pagar cargos fijos elevados por capacidad de transporte contratada, incluso cuando no logra utilizar plenamente esa infraestructura.
“Los contratos obligan a los solicitantes a seguir pagando cargos fijos sustanciales de transporte por capacidad contratada, independientemente de si el Grupo Canacol tiene suficiente volumen de gas para utilizar plenamente esa capacidad”, señaló el documento.
Canacol quiere ser “más atractiva” para una venta
Canacol considera además que las obligaciones actuales afectan el atractivo de la compañía frente a potenciales compradores dentro del proceso de reorganización.
“Esta exposición combinada socava el éxito del SISP (Sales and Investment Solicitation Process, por sus siglas en inglés) y hace que los activos del Grupo Canacol sean materialmente menos atractivos para potenciales compradores”, sostuvo Bednar.
La empresa argumentó ante la corte canadiense que la terminación de ciertos contratos busca preservar la operación y facilitar una eventual transacción de continuidad.
“Los solicitantes consideran que la terminación de los contratos en este momento apoyará los esfuerzos del Grupo Canacol para asegurar una transacción como negocio en marcha que preserve operaciones, maximice valor y aumente potencialmente las recuperaciones que podrían recibir los acreedores no garantizados”, indicó el documento.
No obstante, Canacol confirmó que continúa negociando con distintas contrapartes antes de avanzar en terminaciones definitivas.
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