Los bloqueos en Santander completaron casi una semana poniendo en jaque la movilidad, el abastecimiento y la actividad económica en el departamento. El acceso al Aeropuerto Internacional Palonegro, a la altura del peaje de Lebrija, se convirtió en uno de los puntos más críticos de una protesta que rápidamente escaló más allá de lo local.
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Detrás de las manifestaciones hay un detonante claro: el aumento en los avalúos catastrales que impacta directamente el valor del impuesto predial. Pero el conflicto dejó de ser técnico para convertirse en un pulso político y económico, con efectos sobre transporte de alimentos, operación empresarial y conectividad regional.
En medio de la tensión, el presidente Gustavo Petro tomó una decisión que marcó el rumbo del conflicto. Durante un consejo de ministros de este lunes, ordenó a la fuerza pública garantizar la movilidad en las carreteras del país.
“La Constitución lo dice: ni un muerto, ojo, prudencia, pero contundencia. Se liberan las carreteras, es orden del presidente de la República”, afirmó Petro.
El mandatario fue enfático en que el impacto económico no puede profundizarse. “La comida pasa, porque no voy a dejar morir de hambre y volver a los tiempos de la pobreza de este país”, señaló, al referirse al riesgo de desabastecimiento.
Al mismo tiempo, el presidente volvió a poner el foco sobre los gobiernos locales. Insistió en que el problema del predial no depende directamente del Gobierno Nacional, sino de las decisiones territoriales. “Lo que tienen que hacer los alcaldes es bajarle la tasa sobre el avalúo al impuesto predial, que es determinado por la tarifa, no por la base”, explicó.
Y elevó el tono en medio del debate: “Si hay que llevar presos a los alcaldes, los hacemos llevar, no por orden nuestra, porque es de la justicia”.
La protesta en Santander se originó el 9 de abril de 2026, en el marco de un paro asociado a la actualización catastral impulsada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac).
El ajuste responde a un rezago en la información catastral en varias zonas del país, donde los valores de los predios no se actualizaban desde hace 5, 10 o incluso más de 15 años.
Según el Igac, esta actualización busca corregir distorsiones en el valor real de los inmuebles, ya que el rezago “afecta la equidad tributaria y limita la capacidad de los municipios para planificar y financiar su desarrollo”.
Sin embargo, en la práctica, los nuevos avalúos generaron incrementos que en algunos casos fueron percibidos como desproporcionados, detonando el malestar social.
Se levantarán los bloqueos en Santander tras acuerdo con el Igac sobre avalúos catastrales
Casi simultaneo a las duras palabras del presidente Petro, y tras varios días de diálogo, se alcanzó un acuerdo que empieza a destrabar la situación.
El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, confirmó que el Igac revisará los avalúos catastrales en los municipios con mayores inconsistencias, en un plazo aproximado de 15 días.
“En 15 días… esperamos que estén revisados los avalúos catastrales de los municipios que tienen problemas”, señaló el mandatario, explicando que se acordó esta revisión por parte de las oficinas regionales del Igac.
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El compromiso tiene un efecto inmediato: el levantamiento de los bloqueos. “Yo les pido un poco de paciencia y espero que hoy a más tardar 14:00 horas de la tarde se puedan estar levantando esos bloqueos”, afirmó el gobernador en entrevista con Caracol Radio este 14 de abril.
La decisión depende de la socialización del acuerdo con los líderes de las protestas, quienes comenzaron a trasladarse desde Bogotá hacia Bucaramanga para comunicar el resultado del diálogo.
El gobernador fue enfático en diferenciar el origen del problema. Según explicó, el conflicto no radica tanto en la tarifa del predial —que tiene límites legales— sino en el avalúo catastral.
“El problema era el avalúo catastral… porque si me ponían a mí mi predio a valer 2.000 millones de pesos… en 7 años se hacía impagable para muchas personas”, advirtió el gobernador.
El ajuste en los avalúos tiene efectos acumulativos. Aunque el impuesto no puede aumentar más de un porcentaje definido por ley en el corto plazo, el nuevo valor del predio impacta gradualmente la carga tributaria.
El gobernador también entregó cifras clave para dimensionar el problema: en Santander hay cerca de 179.000 predios, de los cuales el 80 % tiene un valor inferior a $100 millones y el 90 % está por debajo de $200 millones.
“El 10 % es el que vamos a revisar con los alcaldes, con los propietarios, con el Igac”, explicó, señalando que ahí se concentran los casos más críticos.
El conflicto no solo afectó a propietarios rurales o urbanos. También golpeó a sectores productivos y empresariales. Los bloqueos limitaron el transporte de mercancías, afectaron la logística regional y generaron preocupación en empresarios que dependen de la conectividad para operar.
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El acuerdo abre una nueva fase en el conflicto. Por un lado, el Igac deberá revisar los avalúos en un plazo corto, lo que implica un reto técnico y operativo importante. Por otro, los alcaldes y concejos deberán evaluar si ajustan tarifas del predial para aliviar la carga tributaria.
