El aumento del impuesto predial dejó de ser solo una discusión tributaria para convertirse en un pulso político de alto nivel. Lo que comenzó como reclamos ciudadanos por incrementos en las facturas terminó escalando hasta el Gobierno del presidente Gustavo Petro, que elevó el tono contra alcaldes y gobernadores, y una respuesta institucional que advierte riesgos para la democracia local.
En medio de ese choque, las declaraciones del presidente Petro no pasaron desapercibidas. Durante un consejo de ministros de este lunes, el mandatario lanzó una de las advertencias más fuertes que se han escuchado en esta discusión: “Y si hay que llevar presos a los alcaldes, los hacemos llevar. No por orden nuestra porque es de la justicia y del contralor”.
La frase no solo encendió el debate político. También marcó un punto de quiebre en la relación entre el Gobierno central y las autoridades territoriales.
El predial como detonante del conflicto entre Petro y los gobernantes locales
El trasfondo del enfrentamiento es el aumento del impuesto predial en varias regiones del país, que ha generado inconformidad ciudadana y protestas, especialmente en zonas rurales.
Petro ha insistido en que los responsables directos de fijar las tarifas son los alcaldes, al señalar que deben impulsar acuerdos en los concejos municipales para reducir la carga tributaria. En ese sentido, cuestionó que algunos mandatarios locales estén trasladando la responsabilidad al Gobierno Nacional.
El presidente fue más allá y planteó consecuencias directas para quienes no actúen: “Alcaldes que no presenten las iniciativas de acuerdo, alteran el orden público y salen de inmediato de su cargo por orden mía”, afirmó.
Además, indicó que buscará diálogo con el procurador general, Gregorio Eljach, quien “puede suspender de inmediato” a alcaldes y gobernadores, en un intento por presionar decisiones frente al predial.
Las declaraciones del mandatario se dieron en medio del paro campesino que ha afectado la movilidad en regiones como Cundinamarca, Boyacá, Norte de Santander y Santander.
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Petro también envió mensajes a la fuerza pública. “Los campesinos no se golpean o les vamos a sacar los ojos, eso lo hacen los uribistas, no nosotros”, dijo, en medio de un llamado a evitar confrontaciones con los manifestantes.
Este escenario ha mezclado dos debates: el tributario y el de orden público, elevando la tensión política y ampliando el alcance del conflicto.
La respuesta de los alcaldes: alerta por presión institucional
Las declaraciones del presidente generaron una reacción inmediata de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales).
En un pronunciamiento oficial, la entidad rechazó de manera categórica las afirmaciones del mandatario. “Asocapitales rechaza de manera categórica el mensaje publicado por el señor presidente de la República, Gustavo Petro, en el que afirmó que alcaldes elegidos popularmente ‘pueden salir de su puesto’”.
El gremio fue más allá y advirtió que este tipo de mensajes “desconoce la dignidad institucional de los mandatarios locales y genera un escenario de amedrentamiento y presión indebida”.
Para los alcaldes, el punto central no es solo el predial, sino la forma en que se está abordando el conflicto desde el nivel nacional. El pronunciamiento de Asocapitales pone el foco en un tema estructural: la autonomía territorial.
La entidad recordó que, en una democracia constitucional, ningún mandatario local puede ser removido por fuera de los procedimientos establecidos. “Ningún mandatario territorial puede ser objeto de amenazas políticas ni de expresiones que insinúen su remoción del cargo por fuera de los cauces institucionales”.
Además, subrayó que la jurisprudencia constitucional exige intervención judicial para sanciones como destitución o suspensión de funcionarios elegidos por voto popular.
Asocapitales ya hizo un llamado directo al presidente para “abstenerse de emitir expresiones que puedan interpretarse como amenazas” y para tramitar las diferencias por los canales institucionales.
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El debate ahora no es solo cuánto se paga de predial, sino quién tiene la última palabra sobre ese impuesto y bajo qué reglas se toman esas decisiones.
