El Estado colombiano enfrenta un nuevo revés en el ámbito jurídico internacional, luego de que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones rechazara la solicitud presentada por el país para suspender el pago de una indemnización a la multinacional Telefónica, según dio a conocer Caracol Radio.
La determinación implica la reactivación inmediata de la obligación de pago, cuyo monto asciende a aproximadamente US$379,8 millones, equivalentes a cerca de $1,3 billones. Esta suma fue fijada en 2024 por el tribunal arbitral, tras resolver una controversia relacionada con un contrato de concesión del espectro radioeléctrico.
El origen del litigio se remonta a un acuerdo suscrito por un periodo de 20 años, en el que se establecía, entre otras condiciones, la obligación de revertir determinados activos al Estado al finalizar la concesión. Este punto se convirtió en el principal foco de desacuerdo entre las partes y dio lugar al proceso arbitral internacional.
En el marco del trámite posterior al laudo, Colombia solicitó la suspensión provisional del pago mientras se resolvía un recurso de anulación. Esta petición fue evaluada por un comité ad hoc del CIADI, encargado de analizar los requisitos exigidos para conceder dicha medida.
¿Cuál fue el incumplimiento que tuvo el Estado colombiano en el proceso?
No obstante, el comité concluyó que el Estado colombiano no cumplió con una condición esencial: la presentación de una garantía financiera que respaldara el pago en caso de que el recurso de nulidad no prosperara. De acuerdo con las reglas del procedimiento, el país debía constituir una póliza dentro de un plazo de 30 días, requisito que no fue atendido.
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Según lo informado, esta omisión obedeció a limitaciones presupuestales. Los recursos necesarios corresponderían a la vigencia fiscal de 2026 y ya estarían comprometidos, lo que impidió disponer de fondos para respaldar la obligación en los términos exigidos por el tribunal.
Con esta decisión, Telefónica queda habilitada para exigir el pago inmediato de la indemnización. Sin embargo, el proceso no ha concluido. Colombia aún mantiene la posibilidad de avanzar en el recurso de anulación contra el laudo arbitral original, lo que deja abierta la puerta a un eventual cambio en el desenlace del caso, aunque sin efectos suspensivos sobre la obligación de pago en el corto plazo.
Respuesta del Estado colombiano ante la decisión del Tribunal Internacional
Tras conocerse la decisión, Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado señaló que continuará ejerciendo las acciones necesarias para proteger los intereses de la Nación. En ese sentido, indicó que se agotarán todos los mecanismos disponibles con el fin de suspender la ejecución del laudo arbitral que ordena a Colombia pagar a Telefónica esta millonaria suma
De acuerdo con la posición oficial, el país ha presentado múltiples solicitudes dentro del proceso. No obstante, se cuestiona que el tribunal arbitral habría omitido considerar diversos hechos y argumentos expuestos por la defensa. Asimismo, se sostiene que el órgano excedió sus facultades al pronunciarse sobre una controversia que, según esta postura, tiene naturaleza estrictamente contractual.
En la misma línea, se argumenta que el tribunal actuó como una instancia de apelación al revisar el alcance de la sentencia C-555 de 2013 de la Corte Constitucional de Colombia, lo que, a juicio de la defensa del Estado, desbordaría las competencias propias de este tipo de instancias arbitrales internacionales.
Por otra parte, se confirmó que los días 3 y 4 de junio de 2026 se llevará a cabo en París la audiencia correspondiente al trámite de anulación. Durante esta diligencia, un comité ad hoc escuchará a las partes involucradas y recibirá los alegatos finales antes de emitir una decisión.
Finalmente, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado reiteró que continuará representando al país en este proceso y que mantendrá su estrategia jurídica orientada a controvertir el laudo arbitral en las instancias previstas.
