La Procuraduría General de la Nación informó la apertura de una investigación preliminar con el propósito de establecer eventuales responsabilidades disciplinarias al interior de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). La actuación se centra en el contrato de concesión suscrito para la modernización, operación y mantenimiento del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena.
De acuerdo con el organismo de control, el proyecto, cuyo valor supera el billón de pesos, será objeto de verificación tras la identificación de presuntas inconsistencias tanto en su estructuración como en su ejecución inicial. Uno de los aspectos principales bajo análisis corresponde al Valor Presente del Ingreso Esperado (VPIE), un indicador determinante en este tipo de contratos, ya que define la proyección de los ingresos que percibirá el concesionario durante la vigencia del acuerdo.
Según lo señalado por el Ministerio Público, el VPIE con el cual se formalizó el contrato presenta diferencias frente al valor consignado en la oferta adjudicataria durante el proceso de selección. La variación identificada asciende a $114.437 millones, lo que equivale al 9,57 % del VPIE total previsto en el contrato. Para la Procuraduría, esta discrepancia podría tener implicaciones relevantes en la estructura financiera del proyecto, al modificar las condiciones económicas inicialmente planteadas.
En ese contexto, la entidad advierte que dicha situación podría afectar la ecuación económica del contrato, principio esencial en la contratación estatal que busca garantizar el equilibrio entre las obligaciones asumidas por las partes y los beneficios proyectados. Una alteración de este equilibrio podría incidir en la sostenibilidad financiera del proyecto y en la distribución de riesgos entre la entidad contratante y el concesionario.
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Asimismo, el ente de control señaló que esta eventual modificación podría derivar en un posible detrimento para la ANI, en la medida en que implicaría un incremento en los ingresos estimados para el concesionario sin que, hasta el momento, se evidencie una justificación técnica o contractual suficiente que respalde dicho ajuste.
Adicionalmente, la Procuraduría identificó inconsistencias en la minuta contractual posterior a la firma del acuerdo. Entre los elementos observados se encuentran diferencias en indicadores técnicos, condiciones relacionadas con pólizas, fórmulas financieras y requisitos contables. Estas situaciones habrían dado lugar a solicitudes de modificación por parte del concesionario, lo que plantea interrogantes sobre la solidez del proceso de estructuración y revisión del contrato.
