El presidente Gustavo Petro firmará este viernes una hoja de ruta en el marco del Día del Trabajo, la cual busca dinamizar el empleo especialmente en el marco de la transición energética y priorizar a poblaciones con mayores barreras de acceso.
Según conoció Valora Analitik, el plan tendrá una inversión de $1,82 billones y será financiado con recursos del Presupuesto General de la Nación.
El Conpes de “Política de Trabajo Digno y Decente” fue un trabajo conjunto entre el Ministerio de Trabajo y el Departamento Nacional de Planeación (DNP) con 104 acciones concretas que se ejecutarán hasta 2035.
Estos son los cambios laborales
El documento hace parte de la reforma laboral y construye cinco ejes de intervención: el primero apunta a la transición energética y digital justa.
Con el telón de fondo del cierre progresivo de la industria carbonífera, el Ministerio de Minas liderará programas de reconversión laboral para los 14.000 trabajadores afectados por esos cierres.
Además, el SENA comenzará desde este año a formar capital humano para empleos verdes, este eje concentra el 81,9 % del presupuesto total $1,49 billones.
El segundo eje se centra en reducir brechas para poblaciones históricamente excluidas: jóvenes, vendedores informales, trabajadores de la economía popular, mujeres, grupos étnicos, víctimas del conflicto y personas LGBTIQ+. La inversión será de $220.964 millones.
Entre las medidas concretas está un programa para vendedores informales —»sin desalojos y con alternativas»— que incluirá acceso a instrumentos financieros y redes de comercialización entre 2027 y 2034, y una estrategia de reconversión laboral para personas en actividades sexuales pagadas, sin criminalización.
Derechos laborales: inspecciones puerta a puerta
El tercer frente busca fortalecer la inspección laboral: la meta es duplicar el número de inspectores hasta alcanzar el estándar de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de uno por cada 10.000 trabajadores.
El gobierno también anuncia inspecciones sorpresa en cultivos de flores de Cundinamarca y Antioquia durante temporadas de alta demanda —San Valentín y Día de las Madres— y visitas puerta a puerta en ocho ciudades capitales para vigilar las condiciones del trabajo doméstico, sector en el que el 83 % de las trabajadoras carece de seguridad social. Para este objetico se invertirán $34.839 millones.
El cuarto eje apunta a ampliar el acceso a prestaciones sociales, incluyendo el rediseño del mecanismo de protección al desempleo para cubrir a informales y trabajadores de la economía popular. Hoy, ese mecanismo llega apenas al 0,6 % de los desempleados. También contempla lineamientos para garantizar derechos menstruales en el ámbito laboral.
Así las cosas, se crearán lineamientos que orienten la estructuración de programas sociales que apunten a la reducción de la pobreza con una inversión de $12.107 millones.
El quinto y último frente aborda el diálogo social y la resolución de conflictos. Se crearán escuelas de formación sindical en los 10 departamentos con mayor conflictividad laboral, se actualizará el censo sindical —el primero desde 2018— y se implementará un sello de Trabajo Digno y Decente para empresas, sindicatos y territorios con buenas prácticas con una inyección de $63.379 millones.
