Lo que parecía un caso aislado terminó destapando una de las mayores alertas recientes sobre la educación superior en Colombia. Tras el escándalo de la Fundación Universitaria San José de tener varios estudiantes graduados sin haber presentado el examen Saber Pro, el Ministerio de Educación encontró que la situación no solo se habría repetido en decenas de instituciones, sino que involucra a cerca de 80.000 egresados en todo el país.
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El hallazgo surgió luego de que el Ministerio cruzara las bases de datos del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) con los registros del Icfes correspondientes a las pruebas Saber Pro y Saber TyT entre 2019 y 2024.
El resultado encendió las alarmas: de 2.410.921 personas graduadas en ese periodo, 78.756 no registran la presentación de la prueba de Estado requerida para obtener el título profesional o tecnológico en Colombia. Además, otras 5.239 personas presentaron el examen después de haberse graduado.
La información fue revelada inicialmente por el ministro de Educación, José Daniel Rojas Medellín, quien aseguró que 269 universidades, instituciones universitarias, tecnológicas y técnicas del país registraron al menos un caso de graduación sin el cumplimiento de este requisito obligatorio.
¿Cuál es el requisito obligatorio que no habrían cumplido miles de graduados?
La situación gira alrededor del examen Saber Pro y Saber TyT, pruebas de Estado administradas por el ICFES que evalúan competencias de estudiantes próximos a graduarse en programas universitarios, técnicos y tecnológicos.
Según la Ley 1324 de 2009, la presentación de estas pruebas es “requisito para obtener el título respectivo” en Colombia. Es decir, las instituciones no pueden graduar oficialmente a un estudiante sin verificar previamente que presentó el examen.
Por eso, el hallazgo abre preguntas jurídicas, académicas y administrativas sobre la legalidad de miles de títulos otorgados durante los últimos años.
El propio Ministerio explicó que el análisis “corresponde a un cruce inicial de datos efectuado por el Ministerio de Educación Nacional con información del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación – ICFES”.
Las universidades con más casos de graduados sin examen Saber
Aunque el porcentaje nacional identificado equivale al 3,27 % de graduados, el comportamiento cambia drásticamente según la institución analizada.
La Universidad Autónoma Indígena Intercultural (UAIIN) aparece como el caso más crítico en términos porcentuales: de 319 graduados entre 2019 y 2024, 300 no registran la presentación del examen Saber, equivalente al 94,04 %.
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También aparecen instituciones ampliamente reconocidas en el país. La Universidad Católica de Manizales reportó 844 graduados sin prueba sobre un total de 3.867 egresados, equivalente al 21,83 %.
La Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla registró 245 casos, correspondientes al 20,54 % de sus graduados. La Universidad Autónoma de Manizales aparece con 681 casos; la Universidad de Caldas con 1.114; la Universidad del Valle con 1.650; y la Universidad Libre con 1.389.
Sin embargo, la institución con mayor número absoluto de casos es el SENA. Según los datos del Ministerio, el Servicio Nacional de Aprendizaje tuvo 18.349 graduados sin registro de examen Saber entre 2019 y 2024, sobre un total de 473.057 egresados.
También resaltan cifras de la Corporación Unificada Nacional (CUN), con 2.364 casos; la Universidad Cooperativa de Colombia, con 1.875; y la Universidad del Atlántico, con 1.073.
¿Graduados sin el Saber Pro son legales?
La dimensión del hallazgo abrió un debate complejo sobre la validez jurídica de esos títulos y la responsabilidad de las instituciones educativas. De acuerdo con la normativa vigente, si una universidad otorga un diploma sin que el estudiante haya presentado el examen obligatorio, podría configurarse una violación a la Ley 1324 de 2009 y al Decreto 1075 de 2015.
Eso podría derivar en investigaciones administrativas y sanciones contra las instituciones por parte del Ministerio de Educación. El documento señala que la Subdirección de Inspección y Vigilancia puede iniciar procesos que incluyan multas, amonestaciones públicas e incluso afectaciones al registro calificado de programas académicos.
Aun así, el ministro Rojas pidió cautela frente a las conclusiones iniciales y mencionó posibles explicaciones para las inconsistencias encontradas. “Porque es posible que haya estudiantes que quizás hayan falsificado el certificado y hayan engañado a las IES”, afirmó.
También planteó que podrían existir errores de registro en las bases de datos del SNIES, del ICFES o en la información reportada por las universidades.
Sin embargo, el caso también ha abierto cuestionamientos sobre la capacidad de supervisión del propio Ministerio de Educación y sobre cómo durante años miles de títulos habrían sido otorgados sin detectarse estas inconsistencias.
El detonante público de esta situación fue la Fundación Universitaria San José, institución que quedó en el centro de la polémica tras revelarse que obtuvo su grado sin haber presentado el Saber Pro.
Pero el análisis del Ministerio mostró que en esa misma institución hubo 655 graduados adicionales sin prueba y otros 84 que la presentaron después de haberse titulado.
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En total, la Fundación Universitaria San José registró irregularidades equivalentes al 3,53 % de sus egresados durante el periodo analizado. Aunque inicialmente el caso fue tratado como un hecho excepcional, el cruce de información terminó mostrando que la práctica habría sido mucho más extendida en el sistema de educación superior colombiano.
