El informe Doing Business en Colombia 2026, elaborado por PwC Colombia, expone el panorama de inversión para el país. La firma señala que Colombia mantiene ventajas competitivas reales: ubicación estratégica, red de tratados comerciales, mercado interno de más de 52 millones de habitantes, pero acumula señales de alerta que los inversionistas no pueden ignorar.
Una de ellas es la caída de la Inversión Extranjera Directa (IED) hasta la presión tributaria sobre las empresas, pasando por un régimen de cumplimiento legal en expansión permanente.
El informe traza un mapa detallado de los frentes en que Colombia gana terreno y de aquellos en que todavía tiene deudas pendientes.
Régimen tributario: carga alta, reglas complejas
En primera instancia se describe un sistema de múltiples capas que, en la práctica, puede resultar oneroso para empresas nacionales y extranjeras.
La tarifa general del impuesto de renta corporativa es del 35 %, a la que se suma una sobretasa del 5 % para entidades financieras y otras compañías hasta 2027. Las empresas mineras y petroleras enfrentan sobretasas progresivas de hasta 10 % y 15 %, respectivamente, vinculadas a precios internacionales.
El informe también describe el régimen simple, una alternativa de tributación unificada que integra renta, ICA e impuesto al consumo, orientada a empresas de menor tamaño.
Para quien quiera invertir en Colombia, la S.A.S. (Sociedad por Acciones Simplificada) sigue siendo el vehículo predilecto por su flexibilidad y porque puede constituirse mediante documento privado, sin escritura pública.
La sucursal de sociedad extranjera es la alternativa principal en sectores como hidrocarburos y minería, dada la facilidad cambiaria que ofrece, aunque implica responsabilidad ilimitada de la casa matriz.
Pero el peso del cumplimiento legal va más allá de la constitución de la empresa. El informe detalla un ecosistema regulatorio en crecimiento.
Las compañías vigiladas por la Superintendencia de Sociedades con ingresos iguales o superiores a 40.000 salarios mínimos mensuales (SMMLV) aproximadamente $70.000 millones deben implementar el sistema Sagrilaft para la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT/FPADM).
Adicionalmente, las que hayan realizado transacciones internacionales superiores a 100 SMMLV ($175 millones) deben adoptar un Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE). A estas se suman las obligaciones de registro del beneficiario final ante la DIAN, renovación de matrícula mercantil, reuniones ordinarias de junta, y depósito de estados financieros en cámara de comercio.
El informe es enfático en la señal de fondo: el marco de cumplimiento colombiano «es referente en Latinoamérica» y la tendencia es hacia marcos de control cada vez más integrales y transversales.
Las empresas que lo gestionen proactivamente, dice PwC, no solo reducirán su exposición sancionatoria, sino que «fortalecerán su reputación y generarán mayor confianza frente a inversionistas, clientes y reguladores».
Comercio internacional, cambios y aduanas
Colombia tiene 18 tratados de libre comercio vigentes y figura como uno de los pocos países de la región con una plataforma institucional consolidada para el comercio exterior.
La Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), operativa desde 2005, centraliza trámites y reduce fricciones.
El Plan Vallejo permite la importación temporal de insumos y bienes de capital con exención o diferimiento tributario condicionado a compromisos de exportación. Las zonas francas ofrecen una tarifa de renta del 20 % para usuarios industriales vinculados a exportaciones.
El régimen cambiario obliga a canalizar a través de Intermediarios del Mercado Cambiario (IMC) o cuentas de compensación las operaciones de inversión extranjera, endeudamiento externo, exportaciones e importaciones. El informe advierte que las sustituciones, cancelaciones y recomposiciones de capital deben reportarse en plazos estrictos, y que los incumplimientos pueden derivar en sanciones cambiarias significativas.
Un punto de atención: el Decreto 920 de 2023 que regulaba el régimen sancionatorio aduanero fue declarado inexequible por la Corte Constitucional (Sentencia C-072 de 2025), con efectos diferidos hasta junio de 2026. El Congreso debe expedir una nueva ley antes de ese plazo. El proyecto en trámite propone reducir el catálogo de infracciones y aplicar principios de proporcionalidad y favorabilidad.
Prevención del fraude: el contexto geopolítico como factor de riesgo
El informe dedica un capítulo a la prevención del fraude y lo enmarca directamente en el nuevo contexto geopolítico.
El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, con sus órdenes ejecutivas sobre política comercial y sanciones a América Latina, «reintrodujo un nivel significativo de volatilidad regulatoria que muchas organizaciones no enfrentaban desde la pandemia». Para Colombia, eso se traduce en mayor exposición al riesgo de corrupción en la contratación pública, en la interacción con Personas Expuestas Políticamente (PEP) y en el cumplimiento de la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) estadounidense.
PwC advierte que el reordenamiento del FCPA bajo la fiscal general Pamela Bondi —enfocado ahora en estructuras de lavado de dinero ligadas al crimen organizado, más que en corrupción corporativa— no elimina las obligaciones de cumplimiento para las empresas en Colombia, dado que el Sagrilaft ya apunta al mismo objetivo desde la regulación local.
