Este domingo 31 de mayo de 2026 se celebrarán las elecciones presidenciales en Colombia. Los candidatos que han liderado las encuestas han sido Iván Cepeda, candidato del oficialismo; Abelardo de la Espriella, que se lanzó como independiente; y Paloma Valencia, quien pertenece al partido Centro Democrático, pero conformó alianzas con otros sectores alineados con su visión en materia de política pública y direccionamiento del Estado. Todos ellos tienen diferentes propuestas en materia de reactivación del sector petrolero, transición energética e inversiones que requiere el sector.
Para los analistas consultados, si se pone la lupa sobre Iván Cepeda, en cuanto a la exploración y explotación de petróleo y gas, es poco probable que incentive nuevos contratos para la explotación de estos energéticos, dada la política energética y medioambiental del gobierno Petro y también las propuestas del candidato en esta materia. A la vez, es poco probable que impulse planes relacionados con el fracking en Colombia con la finalidad de aumentar la producción.
Adicionalmente, es posible que los lineamientos de Cepeda estén alineados con la transición energética. En particular, Ecopetrol, compañía de la cual el Estado colombiano es el mayor accionista, se convertiría en una organización que funcione como base para la transición hacia energías renovables.
Julio César Vera, analista del sector y presidente de XUA Energy, expresó que con Cepeda es posible que se presente una transición energética acelerada, pero también un riesgo entre medio y alto para la inversión extranjera, particularmente en proyectos distintos a los de renovables.
Según manifestó, haciendo una comparación entre Cepeda y los otros dos candidatos, la inversión extranjera sería más cautelosa en un eventual gobierno suyo y también habría una política tributaria para el sector con una mayor intervención del Estado.
Sin embargo, destacó que es posible que su enfoque frente al gas sea diferente al del petróleo, puesto que este combustible se utilizaría como energético de respaldo para materializar sus objetivos de transición energética, ya que el gas, aunque sigue siendo un combustible fósil, produce menos emisiones en comparación con el petróleo.
En materia minera, puede que con Cepeda exista una mayor regulación socioambiental. Aunque también es probable que la velocidad de la reactivación del sector, que ya completa más de dos años de crecimiento en su PIB, se mantenga en estándares bajos o medios.
En su eventual gobierno, algunas de las ventajas serían una transición energética a mayor ritmo, una menor dependencia de energéticos fósiles y un fortalecimiento de la presencia estatal en el sector, cuya prioridad sería migrar hacia energías renovables. También podrían presentarse mayores inversiones internacionales alineadas con las fuentes renovables, así como facilidades de financiamiento verde. Todo ello podría derivar en una menor exposición frente a fenómenos climáticos o al declive natural de yacimientos petroleros.
Sin embargo, entre los analistas consultados también se destacó que habría menores incentivos para la exploración de hidrocarburos y, por lo tanto, un mayor riesgo de caída en las reservas energéticas. Esto podría conllevar un aumento de las importaciones, menores inversiones en explotación petrolera y deterioros fiscales en caso de una caída en la producción, puesto que Ecopetrol es una compañía que aporta recursos relevantes al Estado y el país también recibe ingresos por exportaciones petroleras.
Por otro lado, Iván Arroyave, banquero de inversión y experto en asuntos energéticos, manifestó que estas elecciones definirán el rumbo de la política energética en Colombia. Según mencionó, con Cepeda habría un mayor desarrollo de energías renovables y una disminución en el peso del petróleo dentro de la economía.
“El reto es que recibirá una situación mucho más compleja que la de 2022. Actualmente Colombia enfrenta caída de reservas de gas, mayores importaciones, atraso en proyectos de generación y transmisión, dificultades para atraer inversión y crecientes preocupaciones sobre la seguridad energética de mediano plazo”, expresó.
Según lo manifestó, la principal herencia del Gobierno Petro en materia energética es un sector más vulnerable que hace cuatro años, debido al descenso de las reservas de gas y a una mayor dependencia de importaciones de este energético, que actualmente ya aportan cerca de 25 % para abastecer la oferta del mercado interno.
Finalmente, Arroyave concluyó que durante esta campaña presidencial no se han establecido lineamientos suficientemente claros sobre cómo los candidatos enfrentarán problemáticas como el fortalecimiento de la infraestructura eléctrica o la crisis financiera de Air-e, empresa de servicios públicos del Caribe que atraviesa una compleja situación de deuda.
