El plan de gobierno de Abelardo De la Espriella plantea un giro hacia una política de seguridad basada en la autoridad, el fortalecimiento institucional y la confrontación directa contra las estructuras criminales, alejándose de negociaciones.
Su propuesta se centra en recuperar el control total del territorio nacional mediante el fortalecimiento de las Fuerzas Militares y la Policía, a quienes promete respaldo político y jurídico en sus operaciones.
Dentro de sus principales medidas está la destrucción de las 330.000 hectáreas de cultivos de coca utilizando todas las herramientas legales y tecnológicas disponibles, entre ellas la fumigación aérea, la erradicación manual y la extradición de narcotraficantes.
El candidato también propone desmontar las milicias y los poderes coercitivos ilegales que operan en distintas regiones del país.
Para ello plantea la creación de un Bloque de Búsqueda contra la extorsión y de una “primera línea de seguridad”, integrada por veteranos y reservistas, con el objetivo de reforzar la protección de los barrios y apoyar las labores de seguridad ciudadana.
En materia institucional, De la Espriella rechaza de manera explícita la convocatoria de una asamblea constituyente y defiende la Constitución vigente como “escudo de la República”.
Su programa insiste en preservar la separación de poderes, la independencia judicial y la libertad de prensa, al tiempo que propone elevar a rango constitucional la prohibición de la llamada “combinación de todas las formas de lucha” como mecanismo de acceso al poder político.
Otro de los pilares de su propuesta es la lucha contra la corrupción, que define como una forma de “traición a la patria”.
En ese frente plantea una “limpieza inmediata” en las cabezas de las instituciones públicas, comenzando por Ecopetrol, con el objetivo de erradicar redes de corrupción y narcotráfico infiltradas en el Estado.
Además, propone crear un Bloque de Búsqueda contra la Corrupción que dependería directamente de la Presidencia de la República.
A esto se suma la implementación de tecnología blockchain en todos los procesos de contratación pública antes de 2030, con el fin de garantizar transparencia e impedir la manipulación de la información.
El plan también contempla fortalecer los mecanismos de extinción de dominio exprés y ampliar el análisis financiero para rastrear flujos de dinero ilícito y recuperar recursos públicos.
Para De la Espriella, la “paz verdadera” solo es posible mediante la derrota de las organizaciones criminales. Por eso califica la política de paz del actual gobierno como una “traición a la patria” y una estrategia fracasada.
En lugar de diálogos con grupos armados, propone reforzar la inteligencia, la capacidad judicial y la persecución penal, con el argumento de priorizar la seguridad de los ciudadanos “que nunca han sido vistos por el Estado”.
